En agosto pasado, la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco había designado por amplia mayoría a los abogados Gustavo Adolfo Corregido como Defensor del Pueblo y Daniel Illia como Adjunto.
A partir de octubre, surgieron tensiones respecto al Personal arbitrariamente incorporado por la Legislatura, asunto aludido tangencialmente acá: “#Chaco: Descolgando guirnaldas, luminarias y pelotas del quebrachito navideño”. Luego de un indisimulable repudio comunitario, en el que no faltaron chicanas ni manifestaciones peyorativas lindantes al insulto por parte de la “Patria Legislativa” y el Ombudsman vernáculos, el gobernador Jorge Milton Capitanich -transcurrido el plazo establecido para acercar posiciones- ayer miércoles 28, facultó -Decreto mediante- al Defensor del Pueblo y al Adjunto para que decidieran los colaboradores, conminando a la inmediata puesta en marcha del aplazado organismo.
“Diario Norte” (29/03/2012):
Desde acá, les deseamos las competencias y la dedicación necesarias a ambos funcionarios en la menuda tarea a cargo.
Convengamos que si la Honorabilísima Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco no pudo consensuar en medio año la generación de mecanismos transparentes para el nombramiento y escalafones, salarios y responsabilidades, condiciones de contratación y duración en el cargo de los agentes de la Planta Funcional de la Defensoría del Pueblo, se estima complejo que dispongan de la predisposición y las capacidades suficientes como para analizar y fiscalizar el establecimiento del mentado “Proyecto de Ayuda Humanitaria” en el Aeropuerto Internacional Resistencia, entre otras tantas cuestiones a resolver sobre las que tienen facultades constitucionales establecidas...
Menos mal que no todos los integrantes de la Legislatura chaqueña son adeptos de Don Nepote: algunos y algunas cuentan con el interés y las competencias como para encarar adecuadamente las funciones para las que fueron elegidos democráticamente. Y, aunque permita dobles lecturas, con lo suscitado en la implementación de la Defensoría puede concluirse que “para muestra basta un botón.”
Convengamos que si la Honorabilísima Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco no pudo consensuar en medio año la generación de mecanismos transparentes para el nombramiento y escalafones, salarios y responsabilidades, condiciones de contratación y duración en el cargo de los agentes de la Planta Funcional de la Defensoría del Pueblo, se estima complejo que dispongan de la predisposición y las capacidades suficientes como para analizar y fiscalizar el establecimiento del mentado “Proyecto de Ayuda Humanitaria” en el Aeropuerto Internacional Resistencia, entre otras tantas cuestiones a resolver sobre las que tienen facultades constitucionales establecidas...
Menos mal que no todos los integrantes de la Legislatura chaqueña son adeptos de Don Nepote: algunos y algunas cuentan con el interés y las competencias como para encarar adecuadamente las funciones para las que fueron elegidos democráticamente. Y, aunque permita dobles lecturas, con lo suscitado en la implementación de la Defensoría puede concluirse que “para muestra basta un botón.”
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