“Robo para la corona - Los frutos prohibidos del árbol de la corrupción"
Horacio Verbitsky - 1991 - Editorial Planeta Argentina SAIC
TRASFONDO
Alfonsín renunció a la presidencia el 8 de julio de 1989, cinco meses antes de la conclusión de su mandato, acosado por la hiperinflación y los fantasmas simétricos de la sublevación social y la anarquía militar. Su fragilidad apenas le permitió rehusar que la ceremonia de transmisión fuera el día de la Independencia y que Menem llegara cual Bolívar en su caballo blanco, aclamado por salvar a la Patria. La primera transferencia del gobierno de un civil a otro en más de medio siglo no puso en evidencia la fortaleza sino la vulnerabilidad del sistema político, colonizado por los mismos intereses económicos que tres lustros antes habían decidido los movimientos del brazo que empuñaba la espada.
No obstante sus imperfecciones políticas, el primer período peronista había creado la sociedad más igualitaria de Latinoamérica. Sus bases estructurales permanecieron inalteradas durante tres décadas, pese a la alternancia de gobiernos civiles irrepresentativos y de dictaduras militares que sucedieron al golpe de 1955. Ni el aflujo de inversiones extranjeras en la segunda sustitución de importaciones, ni las reducciones graduales de la participación asalariada en el ingreso, ni las confrontaciones sociales en respuesta a la proscripción política alteraron el dato central de un modelo económico basado en la industrialización para el abastecimiento del mercado interno, en el que el salario tenía un piso, porque no era sólo un costo de producción. También constituía la demanda de la industria.
Una etapa distinta comenzó en 1975 y se profundizó a partir de 1976, en la que se dirimieron todos los conflictos pendientes, de fracciones del capital entre sí y con los trabajadores. El Estado volvió a cumplir, como en los albores del peronismo, una función clave en la definición y ejecución de políticas que implicaron gigantescas transferencias de ingresos y transformaciones estructurales, aunque esta vez la redistribución operó en sentido opuesto. Sus consecuencias se prolongarán durante décadas. Sucesivas reformas financieras expusieron al país a los vientos huracanados de la economía internacional. La herramienta maestra que remodeló la Argentina fue el endeudamiento externo, al que sólo unos pocos tuvieron acceso, a tasas diferenciales de las del mercado interno, origen del proceso de valorización financiera e internacionalización del capital, y gestor de la apertura importadora. En aquellos años de persecución del movimiento obrero y exterminio de la disidencia armada y desarmada en los campos clandestinos de concentración, ese mecanismo de tomar crédito barato afuera y colocarlo a tasa de interés dentro del país, permitió ganar fortunas. En las postrimerías de la gestión de Martínez de Hoz comenzó además una descomunal fuga de capitales al exterior por parte de los mismos deudores privados. Según la Banca Morgan, a fines de 1985 la deuda externa total ascendía a 50.000 millones de dólares, pero si se descontaba la evasión de capitales al exterior, se reducía a mil millones. El presidente de la filial de uno de los grandes acreedores confirmó al autor que la relación entre deuda externa y depósitos de argentinos en el exterior era de uno a uno para los bancos estadounidenses. Añadió que algunos bancos europeos poseen más depósitos de argentinos que acreencias contra el país. Es decir que la fuga sería mayor aún que la deuda.
Hacia finales de la dictadura esa deuda externa privada se estatizó, de modo que toda la sociedad cargara con sus costos. El régimen de seguros de cambio inaugurado por Roberto Viola y su ministro Lorenzo Sigaut, y continuado un año después durante la Primera Aparición de Domingo Cavallo en el Banco Central, implicó subsidios estatales por más de 8.000 millones de dólares a fines de 1983, en la estimación más conservadora. De ese modo se financió, mediante simples comunicaciones de la autoridad monetaria a los bancos, aquella fuga de capitales.
Según el Banco Mundial, en la década del 80 la fuga fue equivalente a la mitad del ahorro. Incluso quienes se niegan a hablar de fuga porque consideran que la transferencia al exterior era legal y les parece legítimo que los inversores procuren diversificar sus colocaciones, como es el caso del director general de la Unión de Bancos Suizos, Guido Hanselmann, reconocen que la compra de activos externos por 15.000 millones de dólares por inversores argentinos entre 1981 y 1984 "es una prueba inequívoca de que algo no estaba en orden". La deuda externa sirvió así como el gran reciclador de las relaciones de poder intensas: unos tomaron y disfrutaron el crédito y otros lo pagaron.
Los grupos económicos locales y las empresas transnacionales pasaron a desempeñar un papel preponderante en el proceso económico por decisión meditada de la dictadura, que uno de los miembros de la primera Junta Militar fundamentó ante la Cámara de Anunciantes, de las tribunas de doctrina preferidas por los dirty warriors: los grandes empresarios son lo más representativo de la sociedad occidental y cristiana, porque en las naciones marxistas hay políticos, intelectuales, asalariados y militares, pero no hombres de negocios, dijo el entonces brigadier general Ramón Agosti. Todo el enorme poder del Estado se puso al servicio de ese sector, cuidado como la abeja reina por las obreras de la colmena.
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Diversificando sus actividades entre la producción y las finanzas y dispersando riesgos en el estilo aprendido de la vieja oligarquía agropecuaria, llegaron a alcanzar un papel decisivo en la economía. La ilusión radical del relanzamiento productivo y la reforma del Estado en asociación con ellos se frustró por el incumplimiento de las metas de inversión privada comprometidas en las sobremesas de Olivos y los vuelos del avión presidencial. Durante la presidencia de Alfonsín los grupos tuvieron un crecimiento anual aún más espectacular que bajo la dictadura, mientras la producción, el consumo, el empleo y el salario seguían cayendo. A partir de 1984 tradujeron ese poder económico también en influencia política, cuando dejaron caer a sus antiguos benefactores militares y participaron en las principales decisiones del gobierno de Alfonsín. El mismo día de abril de 1985 en que la Justicia comenzó las audiencias del proceso contra nueve ex Comandantes, quince capitanes de la industria, representativos del mundo occidental y cristiano, comieron con el Presidente en Olivos. Aseveraron que sólo dentro del sistema democrático concebían el desarrollo de sus empresas.
Luego reclamaron un cambio drástico, cuyo costo político sólo podía ser asumido por el Presidente. A cambio de desentenderse de los generales que habían realizado el trabajo sucio, lo convencieron de declarar la economía de guerra contra el salario, opuesta a la que había prometido en su campaña electoral. Uno de ellos, Francisco Macri, regaló la procesadora de texto que la Cámara Federal empleó para el juicio a Videla, Massera & Cía, a través de la asesoría legal de su empresa Sideco Americana. Los grandes empresarios también se horrorizaban por las revelaciones de los campos de concentración. ¿Cómo hubieran podido imaginar lo que había ocurrido mientras ellos estaban tan ocupados ganando plata?
Descubrieron el discreto encanto de la democracia. Todo limpio, sin golpes, sin gritos. Lo bueno del terror es que su efecto perdura. Al cabo de aquella histórica comida en Olivos se formó una comisión de enlace de los capitanes con el gobierno integrada por Livio Kühl, Carlos Bulgheroni, Miguel Roig y Javier Gamboa. Otra de las ofertas que por entonces recibió Alfonsín fue un plan basado en las fórmulas econométricas que empleaba Bunge & Born, presentado por su presidente, Mario Hirsch.
A fines de 1988 el capítulo de la valorización financiera y la fuga de capitales estaba concluido. Vampirizado durante tres lustros hasta quedar anémico, el Estado Hood Robin no tenía más sangre para continuar la transfusión, había dejado de ser funcional. Su gasto fijo era muy alto. Condenado a la ineficiencia, ya no podía prestar ni servicios esenciales y no era posible extraer más recursos de la reducida masa salarial para seguir afrontando las continuas transferencias a los grupos económicos, las empresas extranjeras y la banca acreedora, los subsidios a la producción industrial, el sistema financiero, los programas de capitalización, las contrataciones dispendiosas y los sobreprecios a los proveedores. Había llegado el momento de cerrar la parábola, mediante la tupacamarización de sus despojos y del relanzamiento productivo basado en las colocaciones en el mercado externo de unos pocos productos primarios y commodities industriales.
La nueva etapa, de capitalización de deuda y privatizaciones, con despidos masivos de personal y orientación de los servicios sólo al sector de altos consumos, aumentando la tasa de ganancia, tendría un ritmo de vértigo. Las piezas del Estado ya estaban lo bastante flojas como para comenzar su desguace. Para eso era precisa la maduración de los cambios superestructurales iniciados en estos años, determinando más allá de toda duda cuál era el papel de los partidos políticos en esta nueva fase de crisis y reestructuración capitalista.
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Al suspender el apoyo que venía brindando al gobierno radical, tres meses antes de las elecciones presidenciales, el Banco Mundial adujo el incumplimiento en el control del déficit fiscal y de las reformas estructurales comprometidas. Reconoció la buena voluntad del gobierno radical para encarar ese programa y señaló que sus esfuerzos por privatizar empresas del Estado habían sido detenidos en el Congreso con mayoría peronista, que tampoco aprobó la reforma impositiva acordada por el Poder Ejecutivo con el Banco Mundial. Al cuestionar las transferencias de fondos del poder central a las provincias que no habían ajustado su gasto público, mencionó críticamente una manifestación de los gobernadores peronistas sobre el Congreso en demanda de recursos adicionales. También fustigó el atraso de las tarifas públicas respecto de la inflación y anunció que después de las elecciones el Banco apoyaría un esfuerzo para la reforma estructural, concentrándose en la reforma de las empresas públicas, si hubiera voluntad política y consenso.
Este pliego de condiciones, firmado por el responsable del Banco Mundial para América Latina Pietr Bottelier, no dejaba dudas de que el objetivo era doblegar de un solo golpe a las dos grandes fuerzas políticas populares, al comenzar una nueva etapa en la que no bastaba con un partido si el otro vetaba o simplemente demoraba sus proyectos (por ejemplo: la ley de atomización sindical que fue derrotada por el peronismo en el Senado, las trabas a privatizaciones y reformas impositivas y las transferencias de ingresos a las provincias señaladas en el memorándum del Banco Mundial). Las voces en favor de una concordancia radical-peronista en respaldo del ajuste comenzaron junto con la escalada hiperinflacionaria del primer semestre de 1989, antes de las elecciones presidenciales. Su principal vocero fue por entonces Rodolfo Terragno, que desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos había comenzado a ejecutar con alguna timidez, si se piensa en lo que vino luego, el programa de los acreedores. El ominoso clima de angustia colectiva que generó la hiperinflación preparó las condiciones para las medidas que aliviarían aquella sensación y legalizarían las transferencias de ingresos, la destrucción de fracciones de capital y puestos de trabajo y el proceso de concentración, centralización e internacionalización con el acuerdo de los dos grandes partidos.
Se trataba de impartir una lección inolvidable al próximo presidente para escarmentarlo aun antes de que resultara electo. El triunfador en las elecciones argentinas debía nacer con la pistola en la nuca. Este era, a escala continental, el proceso de colonización de los viejos partidos populistas, la concesión más generosa que el gran capital concebía como alternativa a la barbarie de las dictaduras.
La primera presentación política de Menem en cuanto concluyeron los festejos por la victoria fue el 16 de mayo, en el programa de Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, quienes preferían a Álvaro Alsogaray y consideraban como un mal menor a Eduardo Angeloz.
Cuando lo interrogaron sobre las empresas del Estado respondió que el problema no era la privatización sino la eficiencia, e incluso destacó que había empresas privadas más ineficientes que las públicas, de lo cual puso como ejemplo a las compañías telefónicas que en seis provincias argentinas brindaban peor servicio que ENTel en el resto del país y reclinaban subsidios del Estado. Defendió las prestaciones sociales de las empresas fiscales y cuando le preguntaron sobre el perfil exportador que debería asumir su gobierno exaltó la función del mercado interno y los salarios, potenciando el consumo popular para que no hubiera más gente al borde de la marginalidad social. Dijo que en las negociaciones con el gobierno saliente había ordenado que sus delegados impusieran mejoras para los asalariados, transferencias de fondos a las provincias y asistencia a las empresas pequeñas y medianas. Parecía en campaña.
La estampida monstruosa sobre el dólar iniciada en febrero y el reacomodamiento correspondiente de todos los precios relativos de una economía dolarizada no se detuvieron. La lección no estaría completa hasta que el nuevo mandatario terminara de entender qué era lo que se esperaba de él, y qué lo que no se le permitiría. Grondona expuso las alternativas que aguardaban al nuevo presidente. Podía ser Alan García y condenarse, o Felipe González y salvar su alma eterna. Hubo muchos interesados en que no equivocara la decisión.
Un operativo de cooptación de Menem había comenzado junto con la campaña electoral. El 3 de enero de 1989 el vocero del candidato, Juan Bautista Yofre, quien desde 1986 daba periódicas charlas sobre temas políticos para directivos de Bunge & Born, acompañó en un vuelo privado a La Rioja al vicepresidente ejecutivo del holding, Néstor Rapanelli, y al encargado de los negocios petroleros de Pérez Companc, Oscar Vicente. Los representantes de los dos mayores grupos económicos del país llevaron a La Rioja dos inquietudes: la parte económica de la plataforma electoral y por qué vía canalizar los aportes financieros a la campaña sin pasar por ávidos bolsillos intermediarios. Rapanelli sostenía que una entrega anterior de dinero no había llegado completa al candidato, e insistió en dejar en sus manos la nueva cuota. Yofre está convencido de que esa gestión nunca le fue perdonada por quienes manejaban la agenda de Menem para esas cuestiones: sus secretarios Miguel Angel Vico y Ramón Hernández, su cuñado Emir Yoma y Eduardo Bauzá, y que por ella debió renunciar como vocero del candidato, un mes más tarde. El holding apostaba a los dos partidos, aunque no en la misma proporción. Contribuyó con 3 millones de dólares a la campaña del peronismo y con 2 a la de la Unión Cívica Radical. El conocimiento de estas cifras por una infidencia de Jorge Born dos años después reavivó las querellas peronistas sobre el desvío de una parte asombrosa de esos fondos.
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Barrionuevo precisó que el menemismo había recibido en total 8 millones de dólares de los empresarios e identificó a cuatro aportantes: Bunge & Born, Loma Negra y Pérez Companc con 700.000 dólares cada uno; Macri con 600.000 y una docena de autos Fiat; Supercemento (de TechInt y Tonino Macri, el hermano de Franco) con 600.000 dólares, y Bridas con 500.000 dólares. Si seis grupos empresarios aportan casi la mitad de la contribución total, es probable que la oligarquización de la política y del poder en la Argentina supere a la de El Salvador con sus famosas 14 familias. Aquí no pasarían de una docena, y ya se verá de qué modo se cobran sus favores. Si se repara con atención en esta lista se advertirá que la integran los grupos cuyos titulares tuvieron libre acceso a la intimidad de Menem y que discutieron con él los planes de su gobierno. Resulta más fácil de comprender así por qué los empresarios se refieren a los sobornos con el eufemismo pago de peaje. Este es un buen indicio acerca del costo argentino que desesperaba a las empresas norteamericanas y a su embajador, cuando éste presentó la carta famosa.
Aquel día de enero de 1989 Rapanelli y Vicente estuvieron reunidos media hora a solas con Menem antes de un almuerzo multitudinario. Le entregaron una hoja con lineamientos sobre política para el sector petroquímico y un portafolio con dinero para la campaña, y se llevaron una promesa: las cuestiones económicas de la plataforma serían redactadas por el dirigente peronista allegado a Antonio Cafiero, Gustavo Caraballo, tío de Octavio Caraballo, un hombre clave del holding.
Bunge & Born ocupaba el puesto 13 entre los principales deudores externos privados al concluir la dictadura, con 80 millones de dólares, y el puesto 14 por sus proyectos industriales que el Estado subsidió por casi 48,6 millones de dólares. Ocupa el noveno puesto entre los beneficiarios de los regímenes de capitalización de deuda externa que rigieron hasta 1989, con 6,3 millones de dólares, y ese año fue el segundo exportador industrial privado, con más de 143 millones de dólares. En 1973 poseía o controlaba 59 empresas, que llegaron a 62 en 1983 y crecieron en forma espectacular bajo el gobierno de Alfonsín, hasta ser 86 en 1987. De ellas, 11 en el sector primario, 30 en el industrial, 8 de comercio, 32 en finanzas y 5 en servicios. Sus articulaciones productivas, comerciales y financieras en tres continentes son bien conocidas.
La plataforma peronista interpretó los slogans menemistas según los intereses de Bunge & Born. Definió al sector agropecuario como pivote desencadenante de la revolución productiva, propuso el crecimiento sobre las exportaciones agroindustriales, describió los sectores con ventajas comparativas a expandir (agroindustria, alimentación, gas, petroquímica, papel) y propugnó incrementar la presencia de empresas argentinas en los mercados exteriores. Rapanelli había presentado el mismo programa al candidato presidencial del otro partido, Eduardo Angeloz, luego de una gestión fallida del propio Jorge Born ante Alfonsín, en diciembre de 1988.
Además del conducto Yofre-Rapanelli, Menem también tenía contacto con Jorge Born por medio de políticos a sueldo del presidente del holding, como Julio Bárbaro, y de allegados, como Rubén Cardozo y Julio Mera Figueroa. Ellos intentaron demostrar la existencia de bases objetivas para la alianza entre el peronismo y Bunge & Born. Lo presentaban como un productor de alimentos que consume el pueblo, por lo cual sus intereses pasarían por el mercado interno, al que abastecería sin los subsidios que constituyen el modo de vida de los grupos económicos más recientes. Esta es una construcción insostenible en los hechos.
Desde siempre el holding tuvo su fuerte en la exportación de granos. En los últimos años, al declinar la incidencia de este rubro, le sumó otros intereses químicos, petroquímicos e industriales, también con eje en el mercado externo, y de ninguna manera en los alimentos para el pueblo. Si bien es cierto que una parte de su actividad está dedicada a los artículos de consumo, toda mención a ese ramo es incompleta si omite la caracterización que de esa práctica hizo Juan D. Perón: "Hasta 1947 disponía para esos fines de una cadena de almacenes (Grandes Despensas Argentinas: GDA). Cuando el gobierno constitucional, ante el clamor del pueblo por la carestía de la vida, se vio precisado a tomar medidas en el control de los precios y los abastecimientos, para lo cual se crearon los organismos estatales indispensables para la vigilancia, este consorcio cerró sus establecimientos minoristas, con lo cual la regulación de los precios entró inmediatamente en la normalidad y fue inmediatamente posible detener la espiral inflatoria que amenazaba la economía popular". La conducta del holding en las semanas previa y posterior a la asunción de Menem, cuando sus empresas alimenticias estuvieron entre las campeonas en el torneo de remarcaciones salvajes de precios, ratifica la exactitud de las apreciaciones del ex presidente.
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Cuando se destapó el nombre de Roig para ocupar el sillón de Martínez de Hoz, Menem acababa de participar en una reunión con el futuro ministro y con Carlos Bulgheroni, el cortesano capitán del grupo Bridas. Bulgheroni también estuvo vinculado con una gestión para obtener los fondos que el programa necesitaba en el arranque. En sociedad con Citicorp ofrecía mil millones de dólares, garantizados por exportaciones futuras de petróleo y derivados, y a una descomunal tasa de interés de casi el 20 por ciento anual.
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La muerte súbita de Roig en la primera semana del gobierno peronista reabrió el debate, tanto en el gobierno como en Bunge & Born. Devorado por la ansiedad, Domingo Cavallo picoteaba los daditos de queso de la mesa de Menem en Olivos. Desaparecida la candidatura de Bauzá, el canciller aspiraba a ocupar el Ministerio para el que se creía mejor preparado que nadie. Carlos Grosso fue quien más insistió ante el abrumado Presidente para que continuara en el mismo rumbo abierto con la designación de Roig, mientras Francisco Macri, Carlos Bulgheroni y Amalia Fortabat volvían a postular a Livio Kühl, uno de los principales operadores políticos de los capitanes de la industria. El carácter casi contractual de la cesión del Ministerio de Economía en leasing a la casa Bunge, tomó natural que Menem terminara por ofrecer el cargo a Jorge Born y, ante su negativa, fundamentada en la necesidad de atender los negocios del holding en Brasil, a Rapanelli. Este también declinó el cargo, pero a solicitud de Menem y en su presencia, Jorge Born ordenó que lo aceptara, lo cual renovó el disenso entre los principales accionistas. Ya no se trataba de un jubilado como Roig, sino del vicepresidente ejecutivo en actividad.
Mientras el presunto aporte del holding era difundido con insistencia desde el gobierno, nadie en la cúpula de Bunge & Born estaba al tanto de tal posibilidad. Incluso lo consultaron con Rapanelli, quien respondió que él sólo había hablado de recursos para el éxito del programa que serían generados por los sectores agropecuario y petroquímico, pero no ofrecido inversiones directas del grupo. El ministro atribuyó la versión a que Menem necesitaba atenuar las reacciones negativas en el peronismo por la alianza con el enemigo histórico. Para ello resultaba funcional aquel rumor, que alimentaba idealizaciones como la de un intelectual peronista, según quien la transnacional le aportaría "manteca, es decir capitales para respaldar su proyecto de desarrollo del mercado interno y de la pequeña y mediana industria". A cambio obtendría "control social a un costo relativamente bajo", sin necesidad de usar cañones, ni "matar cincuenta mil hambrientos para imponer el Orden". Su conclusión era que "el acuerdo peronismo-Bunge & Born es (en lo inmediato) fructífero, sirve", porque "puede ahorrar sangre en un país ensangrentado". Si esta promesa había sido formulada, su autor sólo podía ser el propio Jorge Born. Pero Born niega: "No sé de dónde salió lo de los 2.000 millones de dólares".
La sorpresa del directorio de Bunge & Born fue mayúscula cuando, a fines de 1989, se presentaron ante la firma dos banqueros alemanes que ofrecieron créditos de magnitud equivalente a la inversión fantasma mencionada por Menem. Alertados por esta coincidencia encargaron una investigación a sus corresponsales alemanes, quienes informaron que los banqueros que habían realizado aquella gestión eran testaferros del Bank of Commerce and Credit International, el BCCI.
Su mayor accionista, Ghaith Pharaon, había invertido en hotelería y plantaciones en la Argentina durante la presidencia de Alfonsín. El asesor financiero de esos proyectos, que se iniciaron antes de que el Banco de Londres, la Reserva Federal de Estados Unidos y la Justicia de Nueva York sometieran a investigación al magnate saudita, fue Javier González Fraga, un experto en el régimen de capitalización de deuda externa, a quien Menem designó como presidente del Banco Central. Menem declaró que había tenido que intervenir en persona para que la burocracia no trabara esa inversión extranjera que ayudaría a crecer al país, y concedió una audiencia a Pharaon, quien había solicitado su carta de ciudadanía. Según las leyes argentinas los ciudadanos tienen derecho a ser juzgados en el país, como quedaba demostrado en marzo de 1991, cuando uno de los viceministros de Obras Públicas de Menem, Mario Caserta, se autodenunció al conocerse que un juez español había solicitado su extradición, y la de la cuñada y directora de audiencias del Presidente, Amira Yoma, por lavado de dólares originados en el comercio de determinados productos del campo o agroindustriales no permitidos por las autoridades sanitarias. El abogado defensor de Amira Yoma, titular de uno de los grandes estudios jurídicos de Buenos Aires, declaró bajo juramento a la Justicia que había ideado ese artificio para bloquear la eventual extradición.
Al determinar la vidriosa procedencia de los fondos ofrecidos por los alemanes, el directorio de Bunge & Born rehusó el préstamo. Sus dispositivos financieros, que desde el siglo diecinueve transfieren todos los días sumas millonarias entre sus filiales del Norte y Sudamérica, Europa y Asia, son apetecibles para cualquiera que necesite justificar grandes movimientos de divisas. La fecha en que Bunge & Born rechazó el crédito coincide con la renuncia de Rapanelli, quien se había distanciado de Born por discrepancias sobre la reforma impositiva cuando el ministro creyó que había sido designado por irresistible simpatía personal. Menem volvió a intentar que el propio Born asumiera el Ministerio de Economía, pero recogió una nueva negativa. Luego de la ruptura de lo que había llamado una alianza estratégica con el holding, Menem llegó a decir que no pararía hasta ver a Jorge Born entre rejas. El empresario respondió que a veces a Menem no puede tomárselo en serio.
La historia de las promesas incumplidas sólo se conoce, en parte, gracias a las publicaciones del periodista serio Rogelio García Lupo, el mayor investigador privado sobre Pharaon y el primer argentino citado a testimoniar en esta causa por la comisión del Senado de los Estados Unidos que se interesa en el mismo tema. Artículos de García Lupo impresos por la prensa española anticiparon en mayo de 1991 que en la primera semana de julio el escándalo del BCCI estallaría en Londres y Nueva York y que sus salpicaduras llegarían a todo el mundo. En ese momento y no en otro la asamblea de accionistas de Bunge & Born consagró la ruptura del equilibrio interno tradicional. Una nueva alianza entre los Hirsch y los accionistas belgas decidió entonces el relegamiento de Jorge Born a un cargo honorífico y su reemplazo en la presidencia del holding por Octavio Caraballo, el líder de la oposición al compromiso con el gobierno peronista. Claudia, la hermana de Caraballo está casada con un diplomático belga. Esa substitución, que ya había sido vaticinada en 1990, recién se produjo el 26 de junio de 1991, nueve días antes de que se cumpliera el plazo anunciado por García Lupo para el destape mundial de los negocios sucios del BCCI. A fines de 1991, librado de toda responsabilidad en el holding, Born se dedicaba a su obsesión personal por recuperar 14 millones de dólares del rescate pagado en 1975, con el asesoramiento de un experto: el montonero arrepentido Rodolfo Galimberti, quien actúa en la causa que instruyen el fiscal federal de Bella Vista, Juan Romero, y su juez Carlos Luft.
Un día después que García Lupo mencionara los fondos ofrecidos por los banqueros alemanes a Bunge & Born como provenientes del banco de Ghaith Pharaon, Menem descartó en una indignada declaración pública aquella información como un rumor sin fundamento y dijo que la casa Bunge formularía una desmentida. Incluso hubo contactos con el grupo para que lo hiciera, pero sin resultado. El propio Menem se comunicó con Caraballo. "Tienen que hacer algo. Ustedes saben que eso no es cierto", rogó el Presidente. Caraballo le respondió que plantearía la cuestión al directorio, pero nada ocurrió. Ante consultas reservadas de periodistas, colaboradores de Caraballo confirmaron la información de García Lupo pero dijeron que no deseaban formular apreciaciones públicas acerca de episodios sucedidos durante la presidencia de Jorge Born. Este, por su parte, trató de tomar distancia con una frase venenosa sobre la corrupción, dedicada a González Fraga: "Se habla del narcotráfico, de hoteles raros que aparecen con el narcotráfico". Nadie se siente cómodo guardando un Pharaon en el ropero.
Para la etapa que se iniciaba en julio de 1989 el Ministerio de Obras y Servicios Públicos era tan importante como el de Economía. Menem ubicó allí al asesor de su hermano Eduardo, Roberto Dromi.
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Después de la victoria de Alfonsín en 1983 Dromi inició un ingenioso reciclaje, afiliándose al derrotado Partido Justicialista, en prueba suprema de altruismo y desinterés. Asociado con José Luis Manzano, su distrito le fue adverso en las elecciones internas de 1985 para las candidaturas a diputado provincial y optó por aproximarse como asesor a quienes sí sabían cómo conseguir votos. Así introdujo algunos conceptos modernos en los proyectos de reforma constitucional del emirato petrolero de Neuquén y la satrapía de La Rioja.
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Durante la campaña electoral había sido el interlocutor de Menem con las Fuerzas Armadas. El presidente electo se proponía designarlo ministro de Defensa. Pero el coronel Mohamed Alí Seineldín, detenido en los cuarteles de Palermo desde el alzamiento de Villa Martelli, lo vetó debido a su amistad con Bauzá y sobre todo con Manzano, a quien consideraba un despreciable socialdemócrata alfonsinista, personificación de Satanás.
En febrero de 1989 Francisco Macri, titular del grupo Socma, convocó a gerentes y directores de las empresas que lo integraban para comunicarles que los grandes grupos económicos habían sido invitados a integrar comisiones de técnicos y políticos, organizadas según las áreas de trabajo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. A esas sesiones asistían, entre otros, Luis Santos Casale, Julio César Aráoz, Mario Caserta y Raúl Carignano, quien luego de trabajar en la oferta de áreas petroleras saltó a la Cancillería. Esos encuentros fueron caóticos.
Había cruce de información, piratería y desenfreno por ocupar cargos. Una vez designado, Dromi explicó sus proyectos a los grupos y les solicitó colaboración, a través de hombres que ocuparan lugares en el organigrama del Ministerio, aunque ese loteo no debía hacerse manifiesto, y también propuestas, para ganar la carrera contra el tiempo que suponía la conversión del nuevo gobierno al credo privatista que había denunciado en la Presidencia radical.
Macri colocó en la Subsecretaría de Planeamiento a Horacio Escofet, ex jefe de gabinete de Terragno y fundador del Instituto de Políticas de Largo Plazo, a quien hizo regresar de Guatemala. También negoció la designación como subsecretario de concesiones del director de Sideco Americana, Carlos Manuel Ramallo, mientras su experto en informática jurídica, Osvaldo Pérez Cortés, fue ubicado junto a Raúl Granillo Ocampo en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, donde se revisan los proyectos de ley antes de someterlos a la firma del Presidente.
Otros dos hombres de anterior vinculación con el grupo fueron nombrados asesores en lugares estratégicos: Ricardo Zinn en la intervención liquidadora de ENTel, y Carlos Carballo para las negociaciones con los acreedores extranjeros, pese a que estaba bajo juicio por 84 defraudaciones durante su desempeño como director del Banco de Italia.
Los otros grupos también tomaron decisiones orgánicas acerca de los hombres que los representarían en el gobierno. El presidente del área de construcciones de la Organización Techint, y su principal operador político desde el alejamiento de Arnaldo Musich, Roberto Sammartino, tenía un acceso tan fácil y frecuente al despacho de Dromi, aun cuando se estuvieran desarrollando reuniones reservadas, que personal de la secretaría privada preguntó intrigado por la causa de semejante familiaridad. "Sammartino es el verdadero ministro de Obras y Servicios Públicos de la Argentina desde hace veinte años", fue la respuesta. La preponderancia de los intereses italianos, o vinculados con ellos, fue manifiesta desde el primer día.
Como parte de ese abordaje fue nombrado viceministro de Obras Públicas Rodolfo Carlos Barra. Hijo de un comisario de policía sometido a sumario por haber recomendado el ascenso de José López Rega de cabo a comisario general, Barra fundó, durante el gobierno de Onganía, una agrupación peronista en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, donde se recibió y desde 1985 es profesor.
Autor de cinco libros sobre Derecho Administrativo, representó a Techint y Pérez Companc en juicios contra el Estado, una especialidad en la que descolló, igual que Dromi, de quien era corresponsal en Buenos Aires.
Desde la Secretaría de Obras Públicas, Barra coordinó con el flamante director de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Juan Carlos Cassagne, otro virtuoso en el arte de litigar contra el Estado por centenares de millones de dólares, el establecimiento de los principios básicos para la reforma estructural. Bajo el último gobierno peronista y la dictadura militar, Cassagne había elaborado buena parte del régimen de transferencias de recursos de la sociedad a los capitalistas privados con el pretexto de la promoción industrial. Luego defendió a Carlos Bulgheroni en los juicios que el Estado le seguía por fraude fiscal de su empresa Papel del Tucumán, constituida con esos subsidios. Por último, a este gran profesor colmado de títulos y honores en asociaciones argentinas e internacionales de derecho administrativo le tocó intervenir en el diseño del reparto de los despojos del Estado, entre los mismos clientes de siempre. El nombramiento en los cargos críticos de Obras Públicas de directivos o abogados de los grupos, que luego de debilitar al Estado se disponían a fagocitar sus mejores activos, implicaba la circulación entre el Estado y las empresas que los politólogos norteamericanos bautizaron como la puerta giratoria.
Junto con Dromi y Cassagne, pero más que ellos, Barra fue el intelectual orgánico de la Patria Contratista, autor de la mencionada doctrina jurídica de la intangibilidad de la retribución del co-contratante particular, que difundió en artículos y libros y en su tarea profesional, como subgerente legal de la constructora Sade, de Pérez Companc y Vittorio Orsi. A la hora en que moría Roig, el 14 de julio, ingresaba al Senado la cuarta versión de la ley de emergencia administrativa y reestructuración de empresas públicas, elaborada por este temible trío.
Los acreedores externos eran más fuertes a mediados de 1989 que en mayo de 1982, cuando la moratoria mexicana puso en riesgo al sistema financiero internacional, porque habían previsionado sus créditos y tenían un grado de exposición mucho menor. Si en los últimos años se habían conformado con cobrar una parte de los intereses, ya estaban en condiciones de exigir el pago también del capital. Como las exhaustas economías latinoamericanas no estaban en condiciones de producir las divisas necesarias para afrontar sus compromisos, maximizados por la creciente tasa de interés internacional, la línea que cada vez cobraba mayor fuerza entre los acreedores era un régimen de capitalización aplicado a la enajenación de las empresas públicas. Esa propuesta fue transmitida al gobierno y la oposición argentinos por su principal activista local, Richard Handley, quien tuvo choques por ello con Rapanelli y su viceministro, también de Bunge & Born, Orlando Ferreres, similares a los que lo habían opuesto en el pasado con el equipo radical de Sourrouille y Brodersohn, e incluida en el nuevo cuerpo normativo a insistencia de Barra.
Durante la Presidencia de Alfonsín habían comenzado a aplicarse cinco regímenes de capitalización: de conversión de deuda externa privada con seguro de cambio, de conversión de deuda pública externa, para la cancelación anticipada de préstamos bancarios o redescuentos del Banco Central, en représtamos u onlending y para pequeñas y medianas empresas. Los inversores recibían un subsidio del Estado, que les entregaba o les reconocía australes por un valor superior al precio de mercado de los títulos que presentaban. En total descargaron con estas operaciones más de 2.000 millones de dólares. Terragno apoyaba la pretensión de los acreedores de cruzar esos regímenes con las privatizaciones, pero Sourrouille fue un tenaz opositor mientras tuvo fuerza para ello. El peronismo había sido desde la oposición más duro que el más duro de los radicales: sólo aceptaba la capitalización de títulos en proyectos productivos nuevos, con aporte de dinero fresco y sin transferencia de activos. Handley objetó esa posición, con argumentos que fueron compartidos por el diputado extrapartidario properonista Domingo Cavallo: el canje de deuda por acciones no provocaría expansión monetaria con efectos inflacionarios. Pero Dromi declaró que no se utilizaría. Cuando ese mecanismo terminó por convertirse como era de prever en la clave de la etapa, explicó que "en el fondo no lo entendíamos e ignorábamos con qué nos encontraríamos". Se encontraron con personas como Cavallo y Handley que les explicaron todo lo que no entendían. "Entonces nos dimos cuenta de que era un buen procedimiento", añadió Dromi.
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SAN EXPEDITO
El peronismo aún no se reponía de la alianza estratégica con Bunge & Born cuando Menem designó como interventora en ENTel a María Julia Alsogaray, y se hizo un hueco en la agenda recargada para interesarse en el Hospital Naval por los by-pass colocados al almirante Isaac Rojas. "Nos miramos a los ojos y le manifesté mis deseos de que tuviera una gran presidencia. El me dio un beso", narró luego el anciano. El responsable de los fusilamientos de veintisiete peronistas en junio de 1956 agregó que el nuevo presidente tenía mirada de hombre bueno y que sería el precursor del renacimiento argentino. Además, Menem designó asesor en deuda externa al padre de María Julia, quien declinó volver a la embajada en Washington que había ocupado bajo el dictador Juan Onganía. El Presidente necesitaba avales para que su gobierno, nacido de las convulsiones de la hiperinflación y los saqueos, no se evaporara como el de Isabel Perón. Los buscaba entre los sectores políticos y sociales que habían sido ideólogos, ejecutores y/o sostén de todos los golpes de Estado de los anteriores treinta y cinco años.
Tenía también otros niveles de diálogo. En público sostenía que el propósito era mejorar el servicio telefónico. "No se trata de discutir si es pública o privada.
Tenemos que hacer a ENTel más eficiente", dijo. "Vamos a privatizar", lo corrigió la hija del capitán (R) Álvaro Alsogaray, del arma de ingenieros y con aptitud especial en negocios, ministro o embajador en cuatro de los cinco gobiernos antiperonistas entre 1955 y 1970. La duda entre privatización o eficiencia no duró ni una semana.
"María Julia es una cruzada. Necesitamos a alguien capaz de enfrentarse al sindicato para que ENTel se privatice" era en cambio su explicación en confianza.
Uno de sus exegetas añadía: "Si tuviéramos que disolver a las Fuerzas Armadas llamaríamos a la izquierda. Para privatizar necesitamos de los liberales, que lo van a hacer con más convicción que nosotros los peronistas". Nosotros los peronistas se refugiaron en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos en torno de Dromi, y desde allí declararon la guerra a la interventora en ENTel, que mostró así su polifuncionalidad. La culpa de todo la tenían los Alsogaray.
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La atomización de poderes, las superposiciones y contiendas entre autoridades favorecieron a los candidatos, que no se cansaban de golpear puertas hasta encontrar oídos comprensivos para sus pretensiones. Además, produjeron omisiones que perjudicaron la posición negociadora argentina. Por ejemplo, aunque cueste creerlo, meses antes de la fecha prevista para la adjudicación de ENTel y Aerolíneas Argentinas, comenzaron las primeras tímidas gestiones para obtener el waiver de los bancos, y apenas el 18 de junio se formalizó la solicitud al comité de bancos acreedores de ENTEL, a diez días de la fecha de adjudicación. En esas condiciones, el terreno era el escogido por el adversario, y el paso del tiempo jugaba en su favor.
Las empresas del Estado fueron ofrecidas en 1982 y 1987 por los gobiernos de Bignone y Alfonsín como garantía de las refinanciaciones globales de la deuda externa argentina. La privatización de esas empresas mediante la capitalización de los depreciados títulos de la deuda, reclamado por los planificadores de la política exterior de los Estados Unidos, fue una reivindicación de los bancos que lo tenían en sus carteras. Para que ello fuera posible, los bancos debían otorgar un waiver, es decir la renuncia a aquellos derechos adquiridos. Pero al haber iniciado las privatizaciones y la capitalización antes de tramitar los waivers, y al haberles colocado fechas estrictas, la Argentina puso su mejor arma en manos del otro bando, al punto que debió implorar el permiso para hacer aquello que sus acreedores más deseaban. Los bancos tenían tiempo. En cambio Menem unió su suerte política a la de la venta de ENTel y Aerolíneas Argentinas. Si éstas hubieran fracasado, su gobierno podría haberse desvanecido como el de Alfonsín.
No eran las mejores condiciones para negociar.
En este engranaje perverso, la banca, los departamentos de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos y los organismos internacionales de crédito y auditoría funcionaron como coronas de una misma trituradora. Al reanudar los pagos a los bancos comerciales acreedores en junio de 1990, la Argentina resignó su otro mejor argumento de negociación. Con independencia del monto, el abandono de la moratoria luego de veintiséis meses tenía un alto valor simbólico. El inicio de los pagos se planteó como condición ineludible para recibir unos 500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (dos cuotas del stand-by Rapanelli interruptus), y de 600 a 700 millones de dólares del BID y el Banco Mundial. En la práctica, esos 40 millones de dólares mensuales sólo compraron el derecho a seguir escuchando exigencias de nuevos pagos, y el primer desembolso del FMI, por una suma inferior a lo que la Argentina obló en esos meses, recién se recibió un año y un ministro de Economía más tarde, en agosto de 1991.
A las bataholas entre funcionarios se sumó la ignorancia de algunos y la mala fe de otros. En voz muy baja, y con advertencia de desmentir a quien lo repitiera, (Erman) González y Carballo sugerían que la familia Alsogaray y Dromi ni se habían acordado de pedir los waivers, y el presidente del Banco Central, Javier González Fraga, añadía que cuando Economía subsanó aquella laguna, el director de Política Externa Rafael Iniesta envió por indicación de Carballo dos fax que no cumplían las formalidades necesarias. Se entretenían peleando entre ellos y se profesaban unos a otros menos lealtad que los miembros de una banda de gangsters, tal vez porque carecían de una causa en común.
El pedido se dirigió al Steering Committee, el comité asesor que organizara las relaciones de la Argentina con los tres centenares de bancos con los que el país contrajo deudas. Les respondieron que ése no era el interlocutor apropiado. Su presidente, y vicepresidente del Citibank, William Rhodes, los encaminó hacia el J.P. Morgan de los Estados Unidos, y la Banque Nationale de Paris, de Francia. El 3 de mayo de 1990, Carballo se dirigió por primera vez a la Banque Nationale de Paris. El aprendizaje fue largo. Esa presentación estuvo mal hecha; los franceses respondieron con un pedido de informes, y entonces no les contestó Carballo sino María Julia Alsogaray. Entre carta y carta se hizo el 23 de mayo.
Con ese epistolario, la interventora provocó un nuevo escándalo, esta vez premeditado. Ella entregó muy divertida al diario Página/12 una copia de la nota que había remitido a la Banque Nationale de Paris. Por aplicación del decreto 62/90, decía, los fondos producidos por la venta del 60 por ciento de ENTel "se destinarán a pagar las deudas internas y externas de ENTel y el remanente será destinado prioritariamente a las áreas mencionadas en el artículo 15 del decreto 575/90”. Según ese artículo, los fondos irían "prioritariamente al cumplimiento de las prestaciones públicas de salud, educación, justicia, defensa y seguridad social". La carta era un sarcasmo, ya que la deuda de ENTel que asumiría el Estado superaba los ingresos que recibiría por su venta, de modo que no habría remanente alguno. Menem, que usa la palabra para encubrir el pensamiento la refutó de inmediato. Entre el cinismo y la hipocresía.
Una vez recorridos todos los senderos falsos del laberinto, el gobierno argentino recibió las comunicaciones sobre cómo debía proceder. Cada empresa argentina endeudada tenía un sindicato de acreedores y un banco agente, encargado de llevar la contabilidad, distribuir los pagos que se recibieran y mantener las comunicaciones entre los demás bancos del sindicato. Sin embargo, la Banque Nationale de Paris y el J.P. Morgan, cabeza de los sindicatos de acreedores de ENTel y Aerolíneas, le indicaron que dirigiera la solicitud a cada uno de los acreedores, porque los bancos agentes no actuarían como coordinadores. Por supuesto, los errores de procedimiento del gobierno argentino no habrían sido un obstáculo, si en vez de aprovecharse de ellos para aumentar sus exigencias, los bancos hubieran actuado con otro ánimo.
Según el contrato de refinanciación garantizada de 1982, que el secretario de Hacienda radical Mario Brodersohn renegoció horas antes del alzamiento de Semana Santa de 1987, la dispensa de la garantía requería el acuerdo de los dos tercios de los representantes del monto de los créditos de cada sindicato. La mejor descripción de este calvario fue proporcionada por Dromi, el 29 de agosto, ante la Comisión Bicameral: en términos que no se animaba a repetir en público. "Ustedes saben con honestidad que todos los pliegos, todos los pliegos, tienen una cláusula no escrita, que no la hemos escrito por vergüenza, por vergüenza nacional, que es el grado de dependencia que tiene nuestro país, que no tiene ni siquiera la independencia, ni siquiera dignidad, para poder vender lo que hay que vender. Un país que no tiene disponibilidad de sus bienes, un país que está inhibido internacionalmente. A-rro-di-lla-do, a-ver-gon-za-da-men-te", deletreó Dromi.
A su juicio, en cada pliego "el artículo 1º tendría que haber sido: se vende. El artículo 2º, el perdón". Explicó que para obtenerlo debía realizarse una procesión, en lo cual quiso ver "una actitud de redención cristiana que tenemos que hacer ante nuestros acreedores internacionales", como parte de lo que llamó un "sistema macabro que es preexistente al '83, porque le metieron el endeudamiento per cápita a las empresas, y no es cuestión de vender, no se alcanza ni siquiera con la garantía del Estado, porque como el endeudamiento es puntual por cabeza empresaria, y esto fue armado políticamente por Martínez de Hoz, este endeudamiento por cabeza empresaria nos obliga a nosotros a ir consiguiendo el perdón, casi una limosna. Dice: señor, venda lo que es suyo, le doy autorización para que venda lo que es suyo. No lo dice una superpotencia, no lo dice el Espíritu Santo, no lo dice la Iglesia. No, lo dice una directiva de un ente financiero acreedor de la Argentina, que ha armado incluso un comité de monitoreo del comportamiento de nuestros programas económicos, de nuestros planes". La Argentina no está de rodillas, nadie la monitorea y es más respetada que nunca, corrigió González. Como María Julia Alsogaray y Menem, el ministro impúdico y el ministro impávido se repartían los roles.
Aunque la obtención de los waivers requería el acuerdo de unos diez o doce bancos en cada caso, en ambos el primer acreedor individual era el Citi, que poseía del 15 al 20 por ciento de los votos, lo cual lo convertía en la pieza clave de la negociación. La esposa asiática del presidente del Steering Committee, Rhima Aia Rhodes, se acercó al embajador Guido Di Tella durante un vernissage en Washington y con su mejor sonrisa le hizo saber cómo se proponían usar esos votos: "Ahora van a conocer ustedes el poder de los bancos". El Citi, en dificultades como todos los bancos norteamericanos, condicionaba el otorgamiento de los waivers a la reanudación de los pagos de intereses atrasados.
Además de los que ya tenía, el Citi comenzó a comprar papeles de deuda de ENTel al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Según el gobierno, esperaba obtener de este modo condiciones adicionales. Erman González y Carballo sostenían que a fines de 1989 los asesores jurídicos del Citi, el estudio Sheamian & Sterling, estudiaron en Buenos Aires con la interventora Alsogaray una fórmula de ingeniería financiera para eludir las cláusulas de pari passu y sharing, que en resguardo de los acreedores más débiles, obligan al conjunto de los bancos a repartir proporcionalmente cada pago ingresado y a no recibir preferencias de ningún tipo. La filial local del banco norteamericano sostuvo en cambio que esa compra obedecía al mejoramiento que esperaba en la cotización de los documentos de aquellas empresas a privatizar. Pese a ello, hasta muy avanzadas las negociaciones la Argentina confió la defensa de sus intereses en Estados Unidos a los mismos abogados, y recién decidió cambiarlos por el estudio Weil, Gotshal & Manges cuando el tiempo apremiaba y comprendió el triste papel que estaba haciendo.
A fines de mayo, los nuevos asesores recomendaron que González Fraga llevara a Estados Unidos este mensaje: si el Citi no deponía su beligerancia, sus negocios en la Argentina podrían sufrir las consecuencias, por ejemplo con su exclusión de las privatizaciones. También sugirieron que la Comisión Bicameral reclamara al Poder Ejecutivo una nueva modificación de los pliegos para excluir de las licitaciones a aquellos bancos que no se pronunciaran en favor de conceder los waivers. "Deben otorgarse sin preferencias, no pueden constituir un factor de presión, porque la contratación no fue con las empresas sino con la República", dijo en Nueva York González Fraga. No hay constancias de que los acreedores se hayan sobresaltado por estas fintas tardías, con las que era imposible disimular el hecho central de que la desesperación y el apuro estaban del lado de quien había atado su suerte política al resultado de las privatizaciones, para colmo con fecha fija. En circunstancias normales, hubiera sido obvio que los candidatos a una licitación fueran los primeros interesados en que ésta pudiera llevarse a cabo.
Pero la extrema debilidad en que se colocó el gobierno de Menem y la conciencia que ellos tenían de la asimetría de la relación les permitían formular cada vez nuevos reclamos. Menos conocido es que contribuyeron con sus consejos a crear esa situación. En su primera visita al país en cuanto asumió Menem, la misión del Banco Mundial encabezada por Peter Scherer se reunió con Dromi y, además de ofrecerle apoyo técnico para la reforma del sector público, le transmitió su convencimiento de que las medidas debían instrumentarse con la mayor celeridad, a fin de evitar la consolidación de resistencias como las que habían detenido el impulso de Alfonsín en la misma dirección.
El jueves 14 de junio Menem redujo, por un decreto redactado en presencia del embajador Todman, del 10 al 4,9 por ciento la participación que se exigía del operador, porque la autoridad que controlaba en Estados Unidos a las empresas resultantes de la división judicial de AT&T no le permitía poseer más a la Bell Atlantic. Un investigador en Estados Unidos se sorprendió por tanta flexibilidad: "Esto quiere decir que el 95 por ciento de ENTel podría ser propiedad de un banco y sólo el 5 por ciento de un operador telefónico. Con una participación tan pequeña el operador podría retirarse en cualquier momento, poniendo en peligro la continuidad del servicio de telecomunicaciones en todo el país". El sábado 23, en cambio, el gobierno rechazó el pedido de Telefónica y el Citi de incluir los intereses, por unos 700 millones de dólares, en el piso de 3.500 exigidos en títulos de la deuda externa. En cambio, quedó abierta la discusión sobre otra exigencia: que una vez suprimido el impuesto específico para los jubilados la tarifa se mantuviera en los mismos valores y las licenciatarias se quedaran con ese 31,5 por ciento.
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El 25 de junio se abrieron los sobres. El consorcio que llevaba a Telefónica como operador ofreció en total 5.028 millones de dólares en papeles y superó a las otras ofertas para las dos zonas. Horas después, de acuerdo con el mecanismo previsto en el pliego, el consorcio de Bell mejoró su oferta por la zona Norte, donde había sido la segunda, de 2.228 a 2.309 millones de dólares en títulos, contra 2.308 de Telefónica.
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En ambos consorcios el miembro principal era uno de los dos primeros acreedores de la Argentina: Citibank en la zona Sur, Manufacturers Hanover en la zona Norte. Los socios del Citi eran Telefónica de España y Techint. Los del Manny Hanny, Bell Atlantic y una aglomeración de empresas y grupos argentinos algo más presentable que la que acompañó a Iberia en la licitación por Aerolíneas Argentinas.
Los 5.000 millones de dólares obtenidos en títulos se cotizaban en ese momento en los mercados secundarios entre 13 y 15 centavos de dólar, con lo cual el precio de mercado de la parte de ENTel que se pagó con ellos osciló entre 650 y 750 millones de dólares, según el cálculo de Business Week . La de ENTel fue, y sigue siendo hoy, la mayor operación individual de canje de deuda en todo el mundo, armada a la medida de los bancos. Y al mismo tiempo aquella en la que se pagó el menor precio por línea en servicio de todas las privatizaciones de empresas de telecomunicaciones en el Tercer Mundo: 800 dólares por línea, contra 1.600 de Teléfonos de México, 1.714 de Telecom de Nueva Zelanda y 3.357 de Telekom de Malasia. El Estado argentino no exigió que el consorcio ganador tuviera mayoría nacional.
Una vez ganada la licitación, el Citi y el Manufacturers Hanover salieron a buscar socios, con métodos, motivaciones y resultados distintos. El Citi tenía gran cantidad de papeles de la Argentina, pero había aprendido a manejarlos mejor que nadie como instrumento de presión, apostaba a su valorización futura y no estaba dispuesto a descargar más que una porción en cada operación. Trató entonces de profesional a profesional con los bancos Río, Midland y Tokio, que junto con la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial, auspiciaban la Argentina Private Development Trust Company, "el más grande fondo de conversión de la deuda puesto en vigor hasta la fecha" de acuerdo con el comunicado de la CFI que anunció su creación, en diciembre de 1989.
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Había un enamoramiento con la Bell, pero no se tuvo en cuenta que el grupo argentino era débil y quería asegurarse el 46 por ciento del negocio sin poner un céntimo de dinero. Al fin y al cabo lo único que puso fueron los honorarios de los cuarenta técnicos de la Bell, un millón de dólares. Se trataba de un grupo desconocido a nivel internacional, donde se conoce poco más que a Techint y Pérez Companc. El Manny estaba en un pésimo momento, se decía que iba a ser tomado por otro banco. Tenía un problema de funcionamiento. Cuando los niveles intermedios que manejaban el banco llevaron la propuesta arriba, fue rechazada. El Morgan vio las dificultades y se precipitó a buscar papeles. Mi aviso sirvió de poco. La soberbia era María Julia, quien convenció al Presidente de que él podía arreglarlo todo, si viajaban juntos a Estados Unidos. Ignoraba que el asunto para el Manufacturers Hanover estaba muerto y eso no lo arreglaba nadie. Le hizo pagar un alto costo a Menem", rumia Zinn, enfrentado con la ingeniera Alsogaray dentro de su partido.
El consorcio local estaba en dificultades. Dos de sus integrantes, Bracht y Welbers Insúa, ganaron áreas petroleras asociados con Cadipsa y desistieron de los teléfonos. Quedaron Blaston Trading, de Carlos Joost Newbery, y las empresas del grupo Madanes (Banco del Buen Ayre, Materfer, Iata-Alcatel, Grandes; Motores Diesel), quienes se proponían obtener los fondos para la inversión mediante la venta de acciones preferidas (sin derecho a voto pero de rentabilidad privilegiada).
La Bell se opuso y exigió inversiones reales. Como empresa semipública, fue controlada en su país para que no pusiera dinero. En cambio, debía cobrar de 40 a 60 millones de dólares anuales como operador. Su 4,9 por ciento de las acciones le fue cedido como pago inicial por los socios argentinos.
Una disidencia similar se produjo entre la Bell y el Manufacturers Hanover. El banco deseaba aportar sólo papeles de la deuda, y conseguir efectivo mediante la venta de acciones. Su presidente John McGillicudy anunció que con el objetivo de reposicionar su cartera de créditos ofrecerían participaciones en el consorcio hasta quedarse sólo con el 16 por ciento. En cambio, la compañía operadora quería socios que aportaran también dinero para sostener su plan de inversiones: 315 millones de dólares para comenzar y 570 millones en cada uno de los años siguientes. Las presiones internas para que no incrementara su riesgo argentino indujeron al Manny a intentar desprenderse de más de la mitad de su participación en el consorcio ganador.
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Durante el viaje de Menem a Estados Unidos en los últimos días de setiembre, María Julia Alsogaray y Javier González Fraga hicieron los últimos esfuerzos por rescatar la operación con la Bell. Ambos ofrecieron al Manufacturers Hanover entregarles la zona a cambio de un compromiso de completar en noventa días la integración de los títulos de la deuda externa, como también ocurriría con los adjudicatarios de Aerolíneas Argentinas. Pero el banco solicitó una prórroga de la firma y de la integración del efectivo. Ahí fue Menem quien dijo que la firma de la transferencia sería el 4 de octubre a las 6 de la tarde, ni una hora más.
Luego de reunirse en Nueva York con los primeros ministros Giulio Andreotti y Felipe González, Menem anunció que Iberia y la Telefónica eran empresas decididas a cumplir con sus compromisos. "Tanto lo están que, si falla la Bell Atlantic y el consorcio que encabeza esta empresa española está dispuesta a operar dentro de los próximos días, a partir del 4 de octubre, todo el sistema telefónico argentino, hasta que se haga cargo la Stet, o a través de un nuevo proceso licitatorio." Estaba anticipando la decisión. Stet solicitó por escrito esas declaraciones de Menem, y el viernes 30 el Citi otorgó el waiver por ENTel, con lo que se llegó al 67 por ciento.
Jorge Garfunkel cree que por la prisa, que atribuye a su necesidad política, el gobierno dejó de lado cuestiones esenciales: buscar el mejor precio o asegurar que las futuras inversiones no fueran en base a un elevadísimo nivel tarifario. "Como el gobierno había decidido no esperar, cambió un Estado por otros Estados. No se buscó la eficiencia del sistema sino meter a los proveedores. Sospechamos que había una relación entre Dromi y Siemens pero no lo pudimos constatar." La relación con Siemens era Blas Medina, y no pasaba por Dromi sino por Menem y su corte milagrosa. Fue en su quinta que Menem se fisuró la muñeca al caerse de una moto dentro de la bañadera. De acuerdo con los decretos de 1986 que indexaron las deudas del Estado por tasa de interés, Siemens seguía reclamando una deuda superior a los 550 millones de dólares, que Dromi, María Julia Alsogaray y el entorno presidencial se proponían satisfacer. González, en cambio, sostenía que si las cuentas se hacían ajustando por dólares o precios mayoristas, esos créditos se desinflaban. Promovió negociaciones en las cuales la empresa alemana comenzó rebajando sus pretensiones en 120 millones de dólares, luego desindexó la cuenta y por último la incluyó en el capítulo pagadiós del decreto ómnibus 1757/90, firmado en la primera semana de setiembre. La discusión alcanzó tal tono, y sus protagonistas eran tan encumbrados, que dos de los principales operadores participantes en la licitación, Bell y Telefónica, advirtieron en una solicitada que no reconocerían contratos de compra firmados luego del 25 de mayo. Pero antes de la primavera el amigo presidente hizo una excepción: el decreto 1868 excluyó a Siemens de la postergación por 10 años de los pagos a proveedores, y otorgó un préstamo de 40 millones de dólares a ENTel para que empezara a pagarle. Tres semanas después, Erman González se reunió con los directivos de Siemens en Alemania, a quienes les ofreció pagar con una quita de
30 a 50 por ciento y parte en títulos, con el mismo esquema de la privatización de ENTel: una parte efectivo, otra en pagarés y el resto en títulos. Los alemanes ya habían rechazado esa oferta en una reunión mantenida en Buenos Aires con Saúl Bour y Ricardo Fox.
El propio Garfunkel, propietario de Alcatel argentina, es un ejemplo andante del interés oficial por incluir en el negocio a los proveedores. Su casa matriz, Alcatel Internacional, surgió de la unión de la francesa Thomson con la ITT norteamericana, es decir la Standard Electric. Telefónica de España se formó originariamente como proveedora de Standard Electric. Hoy Alcatel Internacional tiene el 30 por ciento de las acciones de Telefónica de España, y Alcatel argentina ya ganó la primera licitación que hizo Telefónica de Argentina para la provisión de equipos. Esta cartelización es típica del negocio internacional de las telecomunicaciones, donde la política de acuerdos entre las firmas dominantes transformó en la última década la estructura de la industria. Todas las empresas que integran los consorcios adjudicatarios en la Argentina participan en Europa de joint ventures concebidas para el abaratamiento de costos, la estandarización de normas, la conquista de mercados y la obtención de ganancias extraordinarias. La ausencia de cualquier control sobre la composición accionaria de los licenciatarios favorece esta política y no hace falta un exceso de perspicacia para entender quién pagará la fatídica colusión de prestadores del servicio y proveedores de equipo.
Las deudas de ENTel también irritaron a la Cámara de Diputados, que el 13 de setiembre de 1990 aprobó un pedido de informes al Poder Ejecutivo, bajo la impresión de un artículo del diario Clarín, que el día anterior había revelado dos informes alarmantes, uno de la Secretaría de Hacienda y otro de la SIGEP. Según el primero, en el último año la deuda de ENTel había crecido 1.222 millones de dólares, lo que la llevaría en total a 2.219 millones de dólares. Para la SIGEP el incremento era de 800 millones de dólares y el monto total de 1.797 millones. Sin embargo, diez meses después la SIGEP reconoció que la cifra de Hacienda era más correcta. Según Mario Truffat el incremento de 1.233 millones de dólares en la deuda de ENTel durante la gestión Alsogaray se debió al error de convertir los pasivos de dólares en australes. María Julia Alsogaray se excusó sin ofrecer detalles: "Cuando no se tiene plata y no se pueden pagar los intereses ni a los proveedores, la deuda se indexa en forma geométrica".
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El 6 de octubre Dromi le alcanzó el decreto a Menem, quien lo firmó sobre la mesa del banquete de la Cámara Argentina de la Construcción. En el Ministerio esperaban los licenciatarios y María Julia Alsogaray, apremiados por una directiva de Menem: mantener a rajatablas el 8 de octubre como fecha para la transferencia.
Pero los italianos arguyeron que habían sido convocados a último momento y que necesitaban por lo menos treinta días. El domingo 7 de octubre en Obras Públicas se discutió una alternativa para disimular los contratiempos: que Telefónica se hiciera cargo de las dos zonas hasta que Stet estuviera en condiciones de asumir la suya. Contra su costumbre, asistió Erman González.
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El cazurro ministro de Economía recién se hizo oír cuando Alsogaray le presentó los borradores preparados por el estudio Klein-Mairal. Entonces anunció que no aceptaría el hecho consumado en las 88 fojas y varios kilos de anexos que le sometían de apuro y puso todo en cuestión. Dromi entendió que podría cobrarse muchas cuentas pendientes con la interventora, se plegó y ejecutó la decisión del contador González. La imposibilidad de los norteamericanos de la Bell y el Manufacturers Hanover de firmar el contrato disimuló el hecho asombroso de que no existía tal contrato.
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Durante la prórroga por treinta días que reclamaron Stet y Telefónica antes de hacerse cargo se renegociaron los contratos. Ninguno de los consorcios tenía los papeles de la deuda externa completos para apurar, el negocio era de todos modos espléndido y aún podría mejorarse. Se abrió entonces una brecha por la que volvieron a colarse las rencillas tribales. González y Dromi pactaron postergar sus diferencias para arrasar primero con la tienda de los Alsogaray. Jugaban a los viejos buenos tiempos del frente nacional y popular en lucha contra la oligarquía y el imperialismo.
El problema era cómo incorporar la hiperinflación de marzo a la indexación prevista en el pliego para determinar la tarifa.
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Sin embargo, la supresión de la cláusula se demoró hasta el penúltimo día, el 7 de noviembre, un día antes de la ceremonia, cuando la propia Rosa (Aranguren) entregó la nueva versión expurgada a Carlos Carballo.
Las negociaciones sobre el contrato de transferencia se hacían en base al que había redactado Mairal, pero una vez substituida la intervención de ENTel y sus hombres por el eje Economía-Obras Públicas, quien cargó todos los detalles en su computadora fue Mario Guaragna. Luego de una reunión en Economía, en el Renault 11 de Diego Estévez fueron hasta Obras Públicas a buscar el diskette de Guaragna. Cuando lo pusieron en pantalla todo había cambiado, y debieron rehacer el trabajo línea por línea.
La discusión versaba sobre si el valor del pulso debía actualizarse por el índice de precios del semestre febrero-agosto, o el de marzo-setiembre. En el primer caso se empinaría brioso. La resolución de ENTel que fijó lo que el pliego llamaba en su punto 12.2 un nivel de tarifa adecuado para proporcionar a un operador eficiente una rentabilidad razonable, se firmó el 7 de marzo, y el debate era si para su actualización debía tomarse el índice promedio de marzo, con gran arrastre de la hiper de febrero, o entre puntos, a partir del mismo día 7. En el primer caso el ajuste incluiría el 95,5 por ciento de marzo, en el segundo poco más del 35 por ciento. Sin embargo, tanto la autodenominada liberal Alsogaray, como los presuntos peronistas del otro bando, hicieron silencio sobre un dato central: el 8 de junio la hija del capitán había firmado la resolución 123/90 por la cual fijó el valor del pulso en "australes cien con treinta y nueve centavos", refiriéndose también al punto 12.2 del pliego.
Estos 100,39 australes constituían el último ajuste previo a la presentación de las ofertas, que ocurrió el 25 de junio. El famoso punto 12.2 afirmaba que, desde ese ajuste hasta la toma de posesión, las tarifas sólo se actualizarían "de acuerdo con la evolución mensual del índice de precios al consumidor". De modo que, a partir del 25 de junio, cualquier ajuste superior al que surgiera del IPC se apartaría del pliego y sería ilegal. En consecuencia, al 8 de noviembre no podía superar los 183 australes. Sin embargo, el gobierno terminó acordando un 35 por ciento por encima, al que luego los licenciatarios le agregaron casi otro 20 por ciento. Los patriotas de Economía, Obras Públicas y Presidencia encubrieron este asalto al bolsillo del usuario con diatribas contra la ingeniera Alsogaray, a la que acusaban de acordar condiciones aún más onerosas.
No es una irregularidad menor que esa resolución del 8 de junio recién se haya publicado en el Boletín Oficial del 10 de setiembre, con tres meses de retraso, lo cual permite inferir que se trató de un acto posterior, antedatado. Es presumible que por entonces todavía pensaran cumplir con el pliego. Pero a fin del mismo mes de setiembre, la resolución 199/90, del 24 de setiembre incluida recién en el Boletín Oficial del 12 de octubre, llevó el pulso a 193,87 australes, es decir un aumento del 42 por ciento, que ni siquiera se fundamentó en el pliego sino en un presunto desequilibrio económico-financiero "como consecuencia del incremento experimentado en los precios de los materiales y elementos destinados al plantel telefónico". De ahí en más, todo el proceso siguió un curso ilegal. El punto 1.2 del Contrato de Transferencia sostiene que su texto "debe ser interpretado en el marco de las obligaciones descriptas en el pliego", y que si hubiera entre ambos una discrepancia "que no admita ninguna interpretación que mantenga en vigor todas las cláusulas en cuestión, prevalecerá el pliego". Si prevalecía el pliego, la tarifa no podía superar los 183 australes por pulso. No obstante, el gobierno comenzó a negociar sobre la base de los 193,87 que pregonaba Dromi, o los 204 que admitía Economía, y que a valores constantes equivalían a la tarifa del primer mes del Plan Austral, contra 289 que reclamaban los licenciatarios. Pero en cualquiera de los dos casos, esa tarifa incluía el impuesto específico para los jubilados. Los adjudicatarios pedían que se suprimiera y que ese 31,5 por ciento quedara para ellos. Además había un ardid adicional: las cifras que defendían los funcionarios de Economía y Obras Públicas eran al 19 de setiembre, y sobre ellas habría que cargar la indexación, lo cual cerraría la brecha.
Para presionar a Telefónica, que era el negociador más duro, el gobierno agitaba el fantasma de la Bell. Según el senador Eduardo Menem, el embajador Todman había comunicado a la Casa Rosada que la Bell estaba expectante para ser tenida en cuenta. Su hermano el Presidente pretendía que el canciller De Michelis le había informado que Stet no cuestionaba los 193,87 australes por pulso. Sin embargo, los representantes del consorcio en Buenos Aires, Adolfo Rinaldi y Dominique Saint Jean, amenazaban con retirarse si el nivel tarifario no era suficiente. "El contrato establece que se incrementarán las tarifas en términos reales si se demuestra que no se alcanza una rentabilidad del 16 por ciento", afirmaban, invocando la garantía que según Dromi y María Julia Alsogaray no existía.
Otro asunto a revisar era dónde se entregarían los papeles de la deuda. El gobierno aceptaría recibirlos en forma escalonada pero estableciendo que los intereses sobre ellos quedaran congelados al 25 de junio, fecha de presentación de las ofertas. María Julia Alsogaray había convenido que fueran a nombre de ENTel, lo que los hacía fáciles de embargar. Economía los reclamó en la cuenta inembargable que el Banco Central tiene en la Reserva Federal de Washington. En el último tramo de las negociaciones participaron Emilio Cárdenas y Steven Darch por el Morgan, y Rosa Aranguren, Juan Ferro y Gilberio Zavala por el Citi. Según los funcionarios de Economía, Rosa les anticipó que el Citi iba a ser intransigente y no iba a poner todos los papeles de entrada. Entonces ellos cerraron trato primero con Cárdenas para presentarle al Citi un acuerdo consumado con el Morgan. Pese a ello, el Citi no cedía. Iniesta lo comentó con Manzano, de quien había sido asesor durante cuatro años.
-Ponéte todo lo duro que quieras pero dejáte de joder, esto ya está arreglado arriba -le notificó el pragmático.
Menem había implorado a Felipe González que las empresas estatales españolas no se retiraran, y en esas condiciones no había margen para intransigencias.
Oscar Vicente, que integraba los dos consorcios, presentó el 22 de octubre a Dromi y González una alternativa: aceptarían un pulso de 200 australes si se les garantizaba una rentabilidad de 300 millones de dólares anuales. Esto implicaba que si con esa tarifa no alcanzaban tales ganancias, el Estado debería subsidiar a las licenciatarias. Dromi hizo una declaración audaz: si el pulso superaba los 193 australes, renunciaría a su cargo. El 24 de octubre se resolvió desestimar la propuesta e intimar a los consorcios a aceptar los 193,87 en 72 horas. En caso contrario, se volvería a licitar. Ese plazo había sido fijado por Menem, que exigía concluir el trato antes de su regreso al país, el sábado 27. Durante toda la negociación estuvo al tanto de los detalles por consultas telefónicas con Bauzá, a quien llamó desde Italia, Polonia y Rusia.
En el mismo aeropuerto de Ezeiza, Dromi, González, el ministro de Defensa Romero y su hermano Eduardo le presentaron cintas grabadas de conversaciones entre integrantes de los consorcios adjudicatarios de ENTel. Según uno de esos diálogos, la interventora Alsogaray sugirió al consorcio Telefónica-Techint-Citibank que les convenía rechazar las condiciones propuestas por los ministros y volver a negociar en los términos anteriores, que ella defendería ante Menem. No llevaron una carpeta con la transcripción, como se dijo entonces, sino un grabador, para que el jefe de los restos del Estado escuchara las voces, mientras Miss Piggy esperaba tras la puerta del salón reservado a personas muy importantes.
“¿Esto qué es, un conventillo?", gritó Menem en la primera reunión en Olivos con Bauzá, González, Dromi y Hugo Anzorreguy. "Cada cosa que ustedes manejan, a los cinco minutos está en la prensa. Si siguen así voy a disolver la SIDE. Eso no es un servicio de informaciones sino una cueva de alcahuetes", se desahogó. Como de costumbre, exigió una investigación para determinar cómo la transcripción de las cintas había llegado a la editorial Atlántida, de su amigo Constancio Vigil. Interceptar comunicaciones telefónicas por cuestiones de negocios y sin orden de ninguna autoridad competente constituía una actividad que, del Presidente para abajo, todos tomaban como normal. Lo que a Menem le fastidió fue su divulgación pública.
Bajo semejante presión de un presidente al que lo único que le importaba era cumplir con un plazo autoimpuesto, se llegó a este acuerdo:
* El pulso se establecería en 199 australes, pero sólo teóricamente. Con el IPC de setiembre, octubre y los primeros ocho días de noviembre, al día de la transferencia sería de 246 australes.
* Si el dólar aumentara en algún mes 25 por ciento más que el índice de precios al consumidor, o si quedara fijo y el índice de precios al consumidor aumentara un 25 por ciento, se ajustaría la tarifa en un 60 por ciento por el IPC y en un 40 por ciento por la variación del dólar.
* El impuesto para las cajas se reduciría por decreto, del 31,5 al 0,001 por ciento, hasta que el Congreso lo derogara. Como la tarifa no se reduciría proporcionalmente, ese ingreso quedaría para las licenciatarias. (Luego otro decreto, con vigencia a partir del 1º de enero, eliminó el impuesto para ahorrar a las compañías la molestia de cobrarlo y transferirlo, pese a que según la Constitución sólo el Congreso puede tomar esas decisiones.)
* Los 200 millones de dólares de recaudación del último bimestre de servicio prestado por ENTel serían cobrados por los licenciatarios y devueltos a Hacienda a los sesenta días. El decreto 575/90 sólo les daba 72 horas. Es decir que con esa masa de dinero cubrirían el pago en efectivo, en otra sorpresiva aplicación del método Pescarmona de hacer negocios con plata de terceros.
* Los licenciatarios tendrían noventa días para entregar los papeles de la deuda.
Al cierre de la negociación sobre tarifas, el 6 de noviembre en el salón de cuadros del Ministerio de Economía, asistían Ruete (Citi), Bustamante junior (Telefónica) y Sammartino (Techint) por el consorcio de la zona Sur, Miguel Graña (Morgan) y Oscar Vicente (Pérez Companc), por el de la zona Norte. Siempre los mismos bancos norteamericanos y los mismos grupos argentinos, lo cual ratifica el valor del lobby local en estos negocios.
En las discusiones de María Julia Alsogaray con los licenciatarios nunca se hizo referencia a ninguna indexación por tipo de cambio, que sí se convirtió en una fuerte exigencia durante la etapa Dromi-González. "Si María Julia se mantuvo sin ceder, nosotros no podemos aceptar eso, con el enorme retraso cambiado que puede explotar en cualquier momento" era el dilema del que no sabían cómo evadirse. Fue una vez más Oscar Vicente quien aportó la solución: los licenciatarios aceptarían la base de febrero del '90, más la indexación posterior por índice de precios al consumidor y la fórmula polinómica de ajuste por IPC y dólar y se suprimiría la cláusula del 16 por ciento de rentabilidad. Estevez e Iniesta hicieron las cuentas y constataron que no era conveniente. Sin embargo, Erman González la aprobó. "Para el Negro lo más importante desde el punto de vista político era suprimir el 16 por ciento", dice uno de sus colaboradores.
Cada uno hizo su interpretación del acuerdo. Dromi explicó que, si la operación se caía, la Argentina hubiese quedado como un país poco confiable"; que la cláusula dólar se había incluido porque "en un país con historia inflacionario es necesario dar seguridad a los inversores", y que "no voy a renunciar por seis australes". A cambio de la formula de ajuste se habría conseguido eliminar la cláusula de rentabilidad asegurada del 16 por ciento, añadió. Era cierto que había desaparecido la garantía, pero en realidad los licenciatarios consiguieron liberarse de un techo para la rentabilidad ya que, según el pliego, si la ganancia excediera del 16 por ciento deberían bajar las tarifas. El pulso convenido y la fórmula de indexación les aseguraban mucho más que el 16 por ciento, aunque no se usara el antipático vocablo garantía. Es cierto: Dromi tiene más boliche que Mairal.
Para María Julia Alsogaray, en cambio, la cláusula dólar era extemporánea.
Uno de sus voceros declaró que el acuerdo era "más oneroso para los usuarios que el que se había concluido el 8 de octubre", y formuló preguntas que Dromi y González nunca contestaron:
* Si el 8 de octubre se había convenido que la tarifa fuera de 193,87 australes el pulso, que actualizada al 8 de noviembre resultaría de 207,44 australes, ¿por qué la nueva tarifa daría un pulso de 246,36 australes al día de la transferencia?
* Si el BaNaDe había estimado que la tarifa adecuada, en la relación histórica del valor del dólar con los precios internos, debía ser de 0,017 dólares el pulso, ¿por qué no se simplificó la ecuación futura ajustando el valor presente a esa paridad histórica, sin necesidad de incluir cláusulas de ajuste por eventual revalorización de la moneda extranjera?
La posición de Erman González, en cambio, no se conoció. El ministro de Economía le pidió a Carlos Carballo que redactara una solicitada, en papel membretado del Ministerio de Economía, que nunca se publicó.
…
Se corrigieron algunos excesos de liberalidad del contrato redactado por Mairal: entre otros, la facultad de reestructuración del pulso sin control, las multas excesivas por mora, la facultad aun para los nacionales de remesar ganancias al exterior como si fueran inversores extranjeros, el riesgo de embargo del precio a pagar a ENTel. Sin embargo, en la cuestión crucial de la tarifa y las garantías, la renegociación mejoró el resultado para los licenciatarios. Si las modificaciones introducidas por Dromi y González hubieran sido tan convenientes, no se explicaría la eufórica declaración del presidente de France Cables et Radio: "Con las tarifas que negociamos el proyecto será rentable desde el principio, al mismo nivel que el de los mejores operadores telefónicos".
Contra la firma de la transferencia, el 8 de noviembre, debía depositarse el efectivo en Nueva York. La última discusión comenzó el 8 de noviembre por la mañana en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y tenía un horizonte difícil de correr: la ceremonia pública estaba anunciada para las 18 en la Casa Rosada.
Gilberto Zavala y Steven Darch tenían línea abierta en sus Movicom con las matrices del Citi y el Morgan en Estados Unidos. Javier González Fraga estaba en comunicación constante, también desde Estados Unidos, y Rafael Iniesta hablaba con colaboradores en el Banco Central. El operativo estaba montado de modo que, en cuanto se firmaran los documentos, Zavala y Darch lo informaran a sus casas centrales.
Pero los asesores letrados nunca terminaban de leer el carpetón con el contrato y los anexos, y por último María Julia Alsogaray no se privó de una pequeña venganza: se negó a firmar en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Tan ingenua en su papel de mala, la interventora fue muy funcional para el zorro Dromi, quien hizo y deshizo a su gusto. Infantil e insegura, a ella le encantaba hacerse odiar por esas tonterías. La demora en la firma hasta que le llevaron los papeles a ENTel obligó a que González Fraga solicitara a la Reserva Federal que extendiera el horario de bancos, para concretar el depósito fuera de hora.
Una vez que Zavala y Darch pronunciaran la frase convenida por sus teléfonos portátiles:
-Yes, pay. -Iniesta debía constatar que la transferencia hubiera entrado en la cuenta del Banco Central. Todo el gobierno tenía pánico pensando en el riesgo de un embargo.
Recién a las 19.15, cuando funcionarios y carpetas se dirigían a la Casa de Gobierno, en el auto de Dromi se recibió la confirmación de Jorge Planes desde el Banco Central: la transferencia del Morgan ya estaba acreditada. Menem los esperaba en su secretaría privada con María Julia Alsogaray. Los dos bronceados, ella con un vestido descotado claro y una gargantilla, él con un traje que era imposible mirar de frente sin parpadear, un nuevo peinado que cubría mejor la calvicie y patillas más cortas, listos para la fiesta.
-Ya está todo -se congratuló el Presidente.
-Todavía no tenemos confirmada la transferencia del Citi. A ver si entregamos y estos hijos de puta no pagan -explicó Dromi.
A las 20.05, Planes comunicó el número de la transferencia del Citi que acababa de recibir y todos se dirigieron felices al Salón Blanco. La Reserva Federal norteamericana no festejó, pero cumplió con el deber por el cual los contribuyentes norteamericanos pagan el sueldo de sus funcionarios: recibió el depósito el 8 de noviembre después de hora, pero lo acreditó como corresponde al día siguiente. La Argentina perdió los intereses de un día sobre esos 240 millones de dólares: 52.602 dólares, más que los adelantos que cobraba Amira Yoma por cada valija. Muchas otras cosas se perdieron en esta estampida. El mes entero se había pasado discutiendo tarifas, que se acordaron el 6 de noviembre. El 8, al firmarse la transferencia, Dromi había consentido que desapareciera el anexo sobre la Obra Social, de la cual los licenciatarios no querían hacerse cargo. Su personal a indemnizar, sus 500 médicos quedaron a cargo de la ENTel residual, según un principio distribuidor infalible: los costos, al Estado.
American Airlines y Bell Atlantic, empresas privadas admiradas por su eficiencia, se retiraron de las licitaciones, pero el Citibank y el J.P. Morgan las ganaron. El capital norteamericano no consideraba a la Argentina sitio para una inversión de riesgo, sino para un negocio financiero, que anticipara el cobro en especie de deudas cuyo capital recién vencía el siglo próximo. En cada una de las zonas de ENTel hubo un banco norteamericano, asociado con una o dos empresas estatales europeas y con uno de los mayores grupos locales contratistas de ENTel durante la privatización periférica militar, todos vinculados a su vez con la producción y comercialización de equipos, lo cual desmintió el anunciado propósito de desmonopolizar y desregular. Una subsidiaria de Stet, Italtel, ya era proveedora de sistemas de transmisión a ENTel; una subsidiaria de Telefónica, Sintel, le había vendido la red de transmisión de datos ARPAC; una controlada por
Pérez Companc, Pecom Nec, era una de las dos mayores abastecedoras de equipos de conmutación a ENTel; Techint participaba con Italtel y Telettra en la provisión de equipos de transmisión para el proyecto Icatel, había firmado Digi II. France Cables et Radio, asociada de Alacatel, había firmado bajo el gobierno radical un contrato de provisión de líneas a ENTel. Y las constructoras de Pérez Companc y Techint fueron, junto con las de Macri y Siemens, las principales contratistas de plantel externo desde 1977. Con excepción de Siemens, que en el primer momento quedó excluida pero de inmediato comenzó negociaciones para asociarse con los vencedores, todos los responsables de la bancarrota y la ineficiencia de ENTel pillaron su parte del botín. Se verifica aquí el mismo fenómeno que en la macroeconomía, donde la hiperinflación inducida por tres lustros de expoliación del Estado creó las condiciones objetivas y subjetivas para su desmantelamiento.
Además de los vínculos entre los operadores y proveedores europeos, el mayor grupo económico local participó en ambas zonas, por medio de su Compañía Naviera Pérez Companc en la zona Norte, y del Banco Río en la zona Sur. Si la división en dos zonas monopólicas, con la misma tarifa de partida ajustada al mismo tiempo por el mismo índice eliminaba una forma de competencia, la identidad empresarial suprimía otra. De hecho las empresas acoplaron cada paso frente al gobierno argentino. En 1991, cuando Gianpaolo Mondini, de Stet, reemplazó en la presidencia de Telecom a Dominique Saint Jean, de France Cables et Radio, designó como asesor a Julio Otero, ex gerente de Pecom Nec. Stet comparte la gestión administrativa y financiera con Pérez Companc, y los franceses sólo se ocupan de la operación técnica de los teléfonos. Mondini proviene de Italtel, lo cual refuerza la concertación con Telefónica por medio de Techint. Mondini admitió en forma explícita que Telecom coordinaba criterios con Telefónica, para no debilitar su posición a la hora de defender precios y política de inversiones. En cambio, los dos Ministerios y la intervención de ENTel compitieron en forma despiadada.
El 8 de noviembre de 1990 Telefónica de Argentina quedó a cargo de la zona Sur, que abarca el microcentro bancario y los barrios oeste y sur de la Capital, el 94,25 por ciento de Buenos Aires y todo Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El 60 por ciento de Telefónica de Argentina pertenece a Cointel S.A, integrada, según sus Acciones Ordinarias, por Citicorp Venture Capital, 20 por ciento; Banco Río de la Plata S.A. Cayman Island Branch, 14,56 por ciento; Telefónica International Holding B.V. (Telefónica de España), 10 por ciento; Inversora Catalina (de Techint), 8,31 por ciento; Banco Central S.A. de España, 7,04 por ciento; Sociedad Comercial del Plata (Grupo Soldati), 5 por ciento; los bancos Hispano Americano, 5 por ciento; Manufacturers Hanover, 4,33 por ciento; Bank of Tokyo, Bank of New York y Bank of Zurich, 4,16 por ciento cada uno; Southtel Equity Corporation (APDT), 4,03 por ciento; Arab Banking Co. (B.S.C.), 3,41 por ciento; Republic New York Financiaria, 1,50 por ciento; Centrobanco de Panamá, 1,42 por ciento; Vanegas, 1,25 por ciento; Banco Atlántico, 0,75 por ciento; Bank of Nova Scotia, 0,60, y BGF, 0,30 por ciento.
En la zona Norte el servicio pasó a Telecom Argentina. Posee el 5,8 por ciento de Buenos Aires y la totalidad de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Salta, Santa Fe, Santiago y Tucumán. El 60 por ciento de las acciones de Telecom quedaron en manos de Nortel Inversora S.A., integrada en cuatro partes iguales por Stet (del IRI estatal de Italia), la estatal francesa France Telecom, la Compañía Naviera Pérez Companc, y el J.P. Morgan Inc.
Recién ese día se organizó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, creada en junio. Era presidida por el subsecretario de Comunicaciones, Raúl Otero, e integrada por cinco miembros. Se creó por decreto, pese a que la señora Alsogaray había dicho en el Congreso ocho meses antes que el marco regulatorio debía convertirse en ley porque "en caso contrario no tendríamos el marco jurídico necesario de tranquilidad para el funcionamiento correcto de las empresas operadoras". Todas las privatizaciones europeas, así como las transformaciones institucionales norteamericana y japonesa, comenzaron por el establecimiento de un marco regulatorio más estricto que las normas vigentes hasta ese momento y la creación de una autoridad de control fuerte. No otra cosa significaron la Carterfone decision de 1968 y la divestiture de la AT&T en 1982, por las que el gobierno norteamericano fijó reglas que restringieron el poder monopólico de esa empresa. En Gran Bretaña los organismos de control instaurados fueron tres en lugar de uno: la Office of Telecommunications, la Office of Fair Trading y la Monopolies and Mergers Commission. El Japón puso en venta parte del paquete accionario de su NTT, pero reservó al Estado el 66 por ciento y puso barreras al ingreso de capitales externos. En todos esos casos el objetivo fue estimular la competencia, no restringirla. En la extranjerización estatal argentina, en cambio, se llegó a la entrega del servicio sin marco regulatorio, sin reglamentar el funcionamiento de la CNT y con todo por discutir. Por ejemplo, el decreto de creación le asignaba cincuenta personas, pero nadie sabía si se trataba del número total o sólo incluía técnicos, y en marzo de 1991 aún carecía de personal para cumplir con su tarea. "Queremos privatizar, pero sin renunciar a gobernar. No puede haber privatización sin reserva de los poderes de policía (control) y planificación (orientación)", habían escrito Menem y Dromi en un risible trabajo de propaganda. Sus palabras los condenan. Disuelta la ex Subsecretaría de Telecomunicaciones, despedido su personal, la CNT es un vigilante sin armas, según la feliz descripción de Herrera, quien vaticina que a mediano plazo ambos consorcios reclamarán una revisión de las ambiciosas metas contractuales que los obligan a instalar entre 1,2 y 1,6 millones de líneas en el próximo lustro.
En las primeras ventas posteriores a la enajenación, el duopolio Siemens-Pecom Nec presentó a Telecom precios muy inferiores a los que pagaba ENTel. Pero ninguna disposición contempla trasladar ese beneficio al usuario. Igual que con el desmantelamiento de las organizaciones mafiosas que comercializaban líneas por su cuenta, se trata de mejoras elementales en la eficiencia que se trasladan a la cuenta de ganancias de las prestadoras. Esto permite imaginar, por contraste, en qué hubiera podido consistir una auténtica reforma del Estado, donde la racionalización implicara ventajas para la sociedad por la doble vía de los mayores ingresos para la compañía pública y el mejor servicio y la menor tarifa para el usuario.
Este negligente descontrol permitió que, en su primera conferencia de prensa posterior a la transferencia el presidente de Telefónica, José Luis Bustamante, informara que las llamadas libres serían 75 y no 100 por mes como hasta entonces. Ante la observación de los periodistas de que eso constituiría un aumento encubierto, al día siguiente Telefónica y Stet aclararon que se había tratado de una mala expresión y que no disminuiría el número de pulsos libres.
Pero además sostuvieron en un aviso que el valor del pulso era de 286,57 australes, de los cuales 38,61 por IVA. Eso no tenía nada que ver con los anuncios del día anterior ni con los del día del acuerdo. Tanto Dromi como González habían informado que el pulso sería de 199 australes, y que llegaría a 246 con el impuesto. Con el hecho consumado, las licenciatarias revelaban que 247,90 australes era lo que ellos percibirían, y que con el IVA el pulso costaría apenas dos australes y medio menos de lo que habían exigido durante la negociación. Para que el festejo fuera completo, las dos empresas fueron autorizadas a facturar a esa tarifa el consumo del bimestre vencido, lo cual implicó un aumento retroactivo, de un bimestre al otro, del 75 por ciento.
La confusión informativa que el gobierno fomentó respecto de una cuestión central como el costo del servicio es consistente con el desdén que en todo momento mostró por los intereses de los usuarios, salvo cuando bajo ese pretexto se dirimieron pugnas internas, como en marzo de 1990 o al comenzar las negociaciones definitivas, en octubre. Tal como Dromi blasonaba, el capítulo 18 del contrato de transferencia estableció el valor del pulso en 199 australes. Lo que el ministro se cuidó de aclarar es que ese valor se fijaba con retroactividad a agosto. Con la indexación correspondiente equivalía a 247 australes al momento de la transferencia y sobre ellos se aplicaría el IVA. Ese valor superaba el techo del 16 por ciento de rentabilidad garantizada. Pero el pliego indicaba que por encima de ese beneficio los licenciatarios debían reducir la tarifa beneficiando al usuario.
De modo que el valor acordado por Dromi y González transgredía la herramienta maestra de la licitación. Como la rentabilidad garantizada había sido objeto de persistente crítica, los negociadores acordaron que los adjudicatarios renunciaran a esa cláusula, lo que se presentaría como una mejora respecto del contrato elaborado por la interventora Alsogaray. Esto era una ficción. Lo que se había cuestionado era la garantía de rentabilidad, no el método para calcularla o llegar a ella. El hecho es que al suprimirla se eliminó una limitación a las compañías, que con la nueva fórmula obtendrían mayores ganancias. Esto resulta indudable si se coteja el resultado final de un esquema u otro: a fines de 1991 el pulso que pagaban los usuarios era de U$S 0,038; con las restricciones del pliego no hubiera pasado de U$S 0,025. Por si hiciera falta alguna prueba adicional: el mismo contrato por el cual el gobierno debería compensar a las licenciatarias si impusiera controles de tarifas o precios establece que, de no cumplir el Estado con esa compensación, las licenciatarias podrían reclamar nuevamente la garantía del 16 por ciento. Esa rentabilidad constituye para los explotadores del servicio el mal menor.
María Julia Alsogaray prestó un gran servicio al peronismo como chivo expiatorio al que podían atribuírsele todas las culpas, mientras Dromi y González simulaban sensibilidad social y mejoraban el negocio de los licenciatarios. Pero realizó otro aún mayor al silenciar todo esto. Luego de la transferencia de las dos zonas de ENTel anunció que escribiría un libro. Pero prefirió guardarlo en un cajón para seguir participando del entorno presidencial, ahora como liquidadora de la ENTel residual. Desde allí, una vez más cumplió con los deseos de Menem al favorecer a Blas Medina y Siemens con pagos por 80 millones de dólares, que Cavallo no había autorizado y que se proponía incluir en el bono de consolidación de deudas del Estado, que substituyó en 1991 las disposiciones transitorias del decreto 1757 de 1990. El golpe a la caja quedó en evidencia cuando el Congreso rechazó el proyecto de licuación del aguinaldo y Cavallo debió buscar de urgencia los fondos para pagar la mitad que vencía en junio. La interventora defendió la legalidad del pago y, sobre todo, reveló que Menem estaba al tanto. El subsecretario de Obras Públicas designado por Cavallo, Wylian Otrera, anunció que María Julia Alsogaray podría ser relevada por su "acto unilateral e inconsulto que supone una negligencia culposa". Agregó que no había balances desde 1988 y por falta de documentación ni podía saberse qué había pagado la interventora.
Otrera estaba indignado porque el 12 de junio los representantes del comité ejecutivo a cargo de la liquidación habían acordado por acta comunicarse mutuamente todo pago o transacción. Pared de por medio, el alterno de María Julia Alsogaray, Ricardo Fox, disponía las cancelaciones a Siemens sin comunicarlo a los otros miembros, Mario Fator y Juan Carlos Berra. Los directores alternos de la comisión liquidadora Fox, Fator y Berra, fueron suspendidos, pero la protección presidencial cubrió a la obediente debida señora Alsogaray.
En esos días estuvo en Buenos Aires Pietr Bottelier, el responsable de América Latina en el Banco Mundial que en febrero de 1989 había desencadenado el dolarazo. Luego de una breve inspección a los procesos de liquidación de Aerolíneas Argentinas y ENTel dictaminó algo obvio: falta de un claro marco regulatorio previo, indefinición de los pliegos sobre puntos cruciales como tarifas y política de inversiones, garantía de utilidades mínimas y no máximas, ausencia de avales claros que aseguraran un mejoramiento del servicio. El Banco Mundial propuso hacerse cargo con sus técnicos y consultores de las próximas licitaciones, para que no fueran substituidas como en estos casos por contrataciones directas, que ponen en duda su legalidad y pueden dar lugar a una futura anulación.
…
Después de varias reuniones reservadas con Cavallo, el 15 de abril se llegó a un acuerdo provisorio. Como en las concesiones de Shangai en la década del 20, el gobierno reconoció la extraterritorialidad de las empresas telefónicas, para las que no regiría la ley de convertibilidad. Pero como necesitaba mostrar un brusco freno a la inflación, Cavallo disminuyó la alícuota del IVA de modo que la tarifa residencial bajara un 5 por ciento. El comunicado oficial consignó que las empresas proponían no aplicar el 11 por ciento del IPC de marzo "como forma de apoyar el plan de estabilización", aunque reivindicaban su derecho a hacerlo según las cláusulas contractuales. Los ajustes que no se aplicaran en los meses sucesivos podrían recuperarse en cualquier momento, según la evolución de los precios internos. Una vez más el Estado sacrificó ingresos en favor de las empresas, mediante la reducción del IVA. El pulso para las empresas permaneció como estaba: 376,83 australes, pero el IVA se redujo del 16 al 11 por ciento y el usuario pagó 418 australes por pulso, 5 por ciento menos.
La Comisión Bicameral de Seguimiento del Desguace del Estado, la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados y la CNT presionaron a Cavallo para que se redujeran las tarifas. Si desde diciembre de 1988 a mayo de 1991 hubieran crecido por el IPC, deberían ser la mitad, y si se ajustaran por el dólar, la cuarta parte. El pulso de 0,0377 dólares neto de impuestos supera en más del 50 por ciento al que las empresas consideraban razonable antes de la privatización.
Proyectando la experiencia pasada de ENTel, el diputado jujeño Fernando Paz y asesores de la Bicameral calcularon la rentabilidad que las compañías estaban obteniendo: 50.000 millones de pulsos por año X U$S 0,0377 = 1.885 millones de dólares. Si de ellos se deducen 650 millones de dólares de costos, el resultado es de 1.235 millones de dólares anuales de beneficio, o sea 65 por ciento sobre los 1.900 millones de dólares que de acuerdo con el decreto 575/90 valían los activos sujetos a explotación.
Un periodista económico confirmó con Telefónica que en marzo sus ingresos habían sido de 658.242,8 millones de australes, lo cual anualizado equivalía a 840 millones de dólares. Si a ellos se sumaban los ingresos de Telecom (un 85 por ciento de los de Telefónica), los del servicio internacional Teleintar y de los servicios en competencia como transmisión de datos, se llegaba con comodidad a los 1.885 millones de dólares. Su conclusión es que las licenciatarias debían rebajar las tarifas hasta un nivel que les asegurara la rentabilidad del 16 por ciento sobre los activos sujetos a explotación, pero no más. Ninguna de las dos compañías aceptan ese criterio, y la adjudicataria de la zona Norte comunicó a la CNT que "al haber renunciado esta compañía, por el punto 16.3 del contrato de transferencia, al ajuste tarifario por tasa de retorno, ésta ha perdido sustento jurídico y carece de virtualidad para incidir en la actividad empresaria propia de Telecom". Es decir que pueden ganar más, aunque, por supuesto, las empresas sostienen que están ganando menos del 16 por ciento.
En setiembre las compañías volvieron a atacar. El gobierno proponía convertir el pulso de australes a dólares y garantizar sus futuros ajustes por el índice de inflación internacional. El razonamiento de Cavallo era que, como el precio del dólar no se modificaría las tarifas telefónicas tampoco. Como si la dolarización no fuera suficiente, las compañías reclamaron que antes de aplicarla se incorporara a la tarifa la evolución del IPC desde marzo, de un 29 por ciento. En octubre demandaron que se les autorizara un aumento encubierto, mediante el ingenioso sistema de modificar la duración del pulso telefónico. Esa unidad de medida era de dos minutos, y, debía reducirse a un minuto en las mejores horas, de 9 de la mañana a 13.
…
GASES TÓXICOS
No sólo al gabinete tomó por sorpresa Menem cuando ordenó que Granillo Ocampo expusiera sobre el gasoducto argentino-chileno. El secretario Legal y Técnico protestó que no había terminado de investigar el tema, pero el Presidente insistió:
-Contalo igual, así Mingo ve cuántas cosas injustas se dicen por ahí.
La suavidad de los modos provincianos de Granillo hizo más violentas sus afirmaciones. El presidente de la cámara gremial de los bancos extranjeros, su amigo Emilio Cárdenas, con quien estaba organizando una fundación, lo había visitado con varios representantes de uno de los consorcios que aspiraban a la construcción del gasoducto. La Secretaría de Energía los había elegido por sus mejores antecedentes para realizar el estudio de factibilidad, pero habían sido víctimas de una extorsión: el concurso se declararía desierto a menos que hicieran un aporte económico a funcionarios de la cancillería, le informaron.
El primer proyecto tenía diez años de antigüedad y había sido elaborado por Pérez Companc. Una vez que la Argentina impugnó la traza original que pinchaba en Mendoza el gasoducto centro-oeste, los presidentes Menem y Patricio Aylwin firmaron el 20 de julio de 1990 un acuerdo para el tendido del nuevo ducto desde los yacimientos gasíferos de Neuquén. El interés chileno por la energía equiparaba al argentino por la salida al Pacífico, para la cual se liberarían y se pondrían en condiciones varios pasos en la Cordillera, y los dos países deseaban arreglar las cuestiones pendientes de límites, para desactivar al militarismo troglodita de cada lado de los Andes. La sustitución de petróleo por gas natural permitiría ahorrar a Chile en una década unos 830 millones de dólares, cifra equivalente a sus exportaciones anuales de frutas. Indispensable para descontaminar Santiago, donde el smog ya obnubila la Cordillera, el gasoducto a construirse en unos tres años sería la gran obra de la presidencia de Aylwin. Más que su costo, que distintas fuentes calculaban entre 250 y 400 millones de dólares, la importancia del negocio derivaba del volumen a transportar, de hasta 5 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Sobre un precio de venta al consumidor de 3 dólares y una utilidad posible de 20 o 30 centavos por cada miUni de BTU (unidades térmicas británicas; 1000 BTU = 28 litros de gas), los beneficios del gasoducto recuperarían la inversión en el primer año o al comienzo del segundo.
En el Acta de Trabajo firmada al mes siguiente de la cumbre presidencial se estableció que las firmas internacionales interesadas se asociarían con las empresas productoras argentinas y las distribuidoras chilenas, y que para la selección se consideraría algo tan vago como "las mejores condiciones de capacidad e idoneidad", lo que Emilio Cárdenas ironiza como un concurso de belleza. La parte chilena indicó que las empresas de su país dispuestas a participar eran las privadas Gasco y Copec, y la Secretaría de Energía argentina aceptó que los gobiernos designaran al consorcio. El llamado a presentación de antecedentes se postergó del 20 de setiembre al 11 de octubre, y las bases que se entregaron al comenzar el mes sólo constaban de tres carillas, en las que no se ponía fecha a la resolución.
Tal como preveía el gobierno de Aylwin, compañías líderes chilenas, como los distribuidores de combustible Copec, Gasco, Abastible y Enagas, se asociaron con Shell y Esso y con los productores argentinos Pérez Companc y Sociedad Comercial del Plata. Pero en contra de sus cálculos también se sumó al concurso otro consorcio. Las productoras argentinas Astra, Bridas, Pluspetrol, San Jorge y Techint, con disponibilidad de gas en la cuenca neuquina, no conectada con la red troncal, se asociaron con los grupos chilenos Enersis y Luksic, y los operadores internacionales Catalana de Gas de España y Transco Energy Co. de los Estados Unidos. El 17 de noviembre, una semana después de la fecha en que los dos consorcios esperaban la resolución, se presentó una tercera oferta, liderada por el Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) de Italia, asociado sólo con el grupo ítaloargentino Macri, sin socios chilenos.
De un lado y otro de la Cordillera había además tensiones políticas paralelas a la traza del gasoducto. En la Argentina intervenían la Secretaría de Energía y Combustibles, que durante la gestión del menemista Julio César Aráoz había tomado las decisiones principales, y la cancillería, en manos de Cavallo, un economista con ideas propias sobre casi todo. En Chile, el ministro socialista de Energía, Jaime Toah, no congeniaba con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía formada por representantes de seis ministerios, el democristiano Sergio Lorenzini.
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Cuando Cavallo regresó de Cancún a Buenos Aires para la reunión de gabinete en Olivos, donde pensaba ser acusador pero no acusado, el secretario Legal y Técnico ya había interrogado a Schiaretti y al asesor político del canciller, Guillermo Seita, cuyas afirmaciones cotejó con funcionarios chilenos.
Cavallo estaba furioso cuando Granillo terminó de exponer. Según el secretario Legal y Técnico, Emilio Cárdenas había señalado a Guillermo Seita, Matías Ordóñez y Juan Schiaretti como los solicitantes de la contribución económica a las empresas del consorcio Transco-Techint. Eran las tres personas en quienes depositaba mayor confianza el ministro que venía de sepultar al cuñado del Presidente. Tal como había hecho con Emir Yoma, Menem ordenó que comparecieran Cárdenas y sus clientes, y se aprestó a paladear su revancha.
Granillo se comunicó con Cárdenas, quien ya tenía pasaje para Punta del Este, y lo convenció de que se presentara en la residencia presidencial, mientras Cavallo citaba a Schiaretti.
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El comunicado que se difundió sobre la reunión de gabinete fue la contracara de las efusiones radiales de Menem. Expresó satisfacción por las explicaciones del embajador y el apoyo de Washington al programa económico, declaró que se profundizaría la apertura como herramienta para combatir la corrupción y que, entretanto, el vicepresidente Duhalde encabezaría una comisión que propondría medidas de urgencia. El texto oficial no dijo una palabra sobre el gasoducto y Cárdenas.
De Olivos, Cavallo se dirigió a la casa de un amigo común donde lo aguardaba Todman, a quien le aseguró que las hostilidades no se reanudarían. Luego regresó a la Cancillería, donde impuso de las novedades sobre el gasoducto al embajador de Chile, Carlos Figueroa. Por la noche de esa larga jornada recibió a periodistas, para explicarles que Menem había pronunciado, bajo el efecto de la angustia, palabras que no reflejaban su verdadero pensamiento en cuanto a las relaciones con los Estados Unidos, que alguien, dentro y fuera del gobierno, intentaba en vano perturbar. No se saldrán con la suya", advirtió.
En cambio, Erman González volvió a su quinta del country Miraflores, en Pilar, donde lo esperaban sus hombres más próximos, Carlos Carballo, González Fraga y Diego Estévez, a quienes había citado antes de ingresar a la reunión de gabinete.
Estuvieron reunidos hasta cerca de la medianoche y acordaron una estrategia de todo o nada: presentarían a Menem un programa de máxima, y no aceptarían nada menos que su aprobación completa. El sábado 12 se agregaron a la sesión el resto de los subsecretarios, para trabajar durante todo el día en un paquete de nuevas medidas de caja: aumento de impuestos, supresión del financiamiento a la banca provincial, que implicaría sacar del clearing a los bancos de las provincias de La Rioja, Río Negro y Buenos Aires, postergación de otros pagos del Tesoro, control de la evasión impositiva. Además abordaron las cuestiones políticas pendientes. No hay programa económico posible sin mayor apoyo interno y externo, que sólo se consigue emitiendo señales claras. Para eso aconsejarían disolver el Ministerio de Dromi y crear en su reemplazo el de Justicia, al que se encomendaría la lucha contra la corrupción. Entre sándwiches y gaseosas bromearon acerca de quién se encargaría del remate del edificio de Obras Públicas.
El domingo 13 González y González Fraga llevaron a Olivos las conclusiones. Uno plantearía el golpe de muerte a la banca provincial, el otro la extinción del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y ambos se conjuraron para renunciar si una sola de esas formulaciones era resistida por Menem, cuyas relaciones históricas con el banco de su provincia y con el ministro Dromi conocían mejor que nadie.
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En las últimas décadas el negocio petrolero se sustentó sobre un esquema en el cual YPF retuvo aproximadamente un 66 por ciento tanto de la producción como de las reservas y los privados el tercio restante. El primer año de Menem en el gobierno ya mostró un descenso en la producción de YPF al 63,8 por ciento, que se acentuó en 1990, con el 61,1 por ciento. Las estimaciones para 1991 eran del 54,8 por ciento considerando las áreas secundarias cedidas y el 50 por ciento de las cuatro áreas centrales. El aumento de la participación privada en las áreas centrales torna dudoso ese resultado, y las nuevas licitaciones de áreas y de cuencas no dejan lugar a dudas de que a partir de 1992 YPF no llegará al 50 por ciento de la producción, con lo cual perderá el control del propio mercado. En 1992 también habrá perdido el autoabastecimiento, por primera vez en muchos años, y deberá adquirir petróleo crudo a precios de mercado a las empresas privadas a las que ha vendido sus yacimientos en plena producción. Otra consecuencia de la política de liquidación escogida será la disminución del horizonte de reservas de crudo y gas, un suicidio nacional equivalente al del endeudamiento externo y su estatización en las décadas del 70 y el 80: negocios fantásticos para unos pocos grupos privados y penurias por décadas para toda la población. El propio plan McKinsey prevé para 1992 una merma del 43 por ciento de las reservas de crudo (de 344.600 a 196.500 millones de metros cúbicos), y del 47 por ciento de las reservas de gas (de 743,9 a 392,7 billones de metros cúbicos).
Cuanto más baratas se venden las reservas, menor es el estímulo para invertir en la exploración. No sólo eso: las ganancias fáciles que el Estado dispensa constituyen también un disuasivo para otras inversiones de riesgo en explotaciones menos regaladas.
Tres días antes que Todman entregara su carta a Erman González, el diputado y sindicalista petrolero Antonio Cassia sostuvo que la propuesta privatización de YPF encubría el objetivo de liquidar su patrimonio "subvaluándolo en una suma que no representa siquiera el 10 por ciento de su activo". Cassia consideró ridículo el valor internacional de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares asignado por McKinsey a YPF, "que en reservas de crudo posee un activo de 15.000 millones de dólares, sin contar el valor de sus conductos, destilerías, estructuras de comercialización, flotas de barcos y aviones, etcétera". Agregó que sentía "la indignación propia de quien se encuentra frente a un síndrome que me animo a denominar corruptivo". Como su nombre lo indica, la consultora McKinsey no pertenece a la familia Yoma. La dilapidación en 3.000 millones de dólares de lo que vale no menos de 15.000 constituye un acto de profunda corrupción, aunque en lugar de coimeros intervengan elegantes ejecutivos que, mientras no se demuestre lo contrario, se atienen a los códigos de ética de sus corporaciones.
LOS DIAMANTES SON ETERNOS
Luego de disponer la remodelación del gabinete, Menem se mostró con los integrantes de la Fundación para la Modernización del Estado, en la que estaban representados los sectores más liberales del sindicalismo empresario. Casi todos sus directivos eran miembros al mismo tiempo del Consejo Empresario Argentino.
En el acto en que anunciaron su aporte de unos 300.000 dólares mensuales para que el gobierno iniciara la reforma administrativa sin aguardar el crédito prometido por el Banco Mundial, se comentó con admiración la forma en que Menem había despeñado desde la roca Tarpeya a Dromi y Yoma. Integrada por 73 empresas, y dirigida por representantes de los mayores grupos y bancos beneficiarios de la tupacamarización del Estado (Pérez Companc, Techint, Citi, Roberts, Río), por los principales exportadores agropecuarios (Cargill, Continental) y las grandes transnacionales norteamericanas (Philips Morris, IBM), la Fundación anunció que su selección de 1.500 ejecutivos comenzaría por los veinte a cincuenta ocupantes de puestos críticos, directores de administración de los ministerios y puestos claves en los organismos descentralizados, como Dirección General Impositiva y Administración Nacional de Aduana.
¿La corrupción es inherente al ajuste neoliberal o, por el contrario, constituye apenas un error o un exceso, que debe y puede suprimiese para no contaminar la pureza del modelo? La posición del gobierno de los Estados Unidos y del amplio espectro político y empresarial que respaldó su planteo era la segunda. Ahora con la corrupción como ayer con la guerra sucia, proponían lo que en 1977 Arnaldo Musich llamó la limpieza del bisturí o lo que Menem mencionó como la oxigenación de su gobierno. Aunque entre las empresas norteamericanas predominaba la irritación con Todman por haberlas colocado en el centro de la atención pública, había acuerdo general sobre la necesidad de limitar la voracidad de los funcionarios, y las casas centrales estimulaban esa actitud. Contra los deseos de algunos directivos locales de Swift, Campbell Soup premió a Nielsen, quien fue recibido como un héroe en una reunión de filiales que sesionó en Caracas. A su puesto de director de Planeamiento Externo y Relaciones Institucionales sumaron el de director de Nuevos Productos. Su sofisticada tarea consiste en garantizar exquisiteces competitivas: un container semanal de pescados provistos por pesqueras medianas de Mar del Plata, cultivos especiales de tomates en el sur para las salsas que la cadena McDonald's prepara en Chile, carne con tacos para México, pâté de foie con champignon para Francia, carne à la crème para Bélgica.
En la respuesta escrita a Todman, redactada por Carlos Carballo y Guido Di Tella, Erman González señalaba que "la enumeración de temas pendientes comprende situaciones muy distintas y su agrupamiento lleva claramente a confusión respecto del grado de razonabilidad de cada uno". También declaraba "preocupación por una nota que reúne inquietudes de empresas americanas de muy distinta naturaleza y que incluye una virtual acusación de procedimientos deshonestos tiñendo al conjunto de un carácter que hace difícil las relaciones entre el gobierno argentino y las empresas americanas en un contexto de lealtad y análisis objetivo de sus solicitudes".
Los conceptos eran sagaces ya que de los nueve temas de Todman sólo uno tenía que ver con corrupción, y la mayoría de los restantes solicitaba trato preferencial en negocios de empresas de su país: el precio del gas Enron (donde nada olía peor que la forma en que los norteamericanos consiguieron el decreto irregular), una exención de aranceles para una subsidiaria de Ford, mayor rentabilidad para la destilería Esso, ampliación de los cupos de Goodyear y Firestone para la exportación e importación de cubiertas a y del Brasil, prerrogativas especiales para el correo privado Federal Express, participación de Bell Atlantic en la tupacamarización de ENTel, pago de una deuda que el American International Group reclamaba al Instituto Nacional de Reaseguros. Pero el único caso de corrupción denunciado acentuaba por la filiación de sus actores la vulnerabilidad argentina frente a Estados Unidos. Como en economía, política exterior o estrategia militar, también en materia de corrupción Estados Unidos le marcaba el paso al gobierno de Menem. Washington se comportaba del mismo modo que lo hizo bajo la dictadura militar: registrando cada dato sobre cualquier cuestión sensible y utilizándolo para presionar a favor de sus intereses. En la década del 70 eran denuncias de violaciones a los derechos humanos recopiladas por el altísimo Tex Harris, un hombre bueno que se conmovía hasta el llanto con los relatos de los familiares de los desaparecidos a quienes recibía cuando el gobierno, los partidos políticos y la Iglesia les cerraban las puertas. Su fichero era el más completo del país en esa materia y a su gobierno le servía también cuando había que discutir cuestiones económicas. En la del 90 la especialidad pasaron a ser los episodios de corrupción o drogas. Típico de la concepción redentorista norteamericana, los nobles objetivos espirituales provocan efectos políticos y encubren intereses materiales.
Mientras la nota de Todman rebotaba de oficina en oficina, el gobierno preparaba una nueva vuelta sobre la rosca del ajuste, quitando el impuesto al gasoil y la electricidad para grandes empresas, eliminando las retenciones a las exportaciones agropecuarias y cerrando el financiamiento a la banca provincial.
González Fraga negociaba con la banca acreedora un acuerdo global que el presidente del Banco Central entendía ventajoso para el país. Consistía en la cancelación de los atrasos vencidos y de los que se acumularían hasta el 31 de diciembre de 1991, hasta 10.000 millones de dólares. De ellos, 1.500 se pagarían en efectivo, 4.000 se capitalizarían, sumándose al principal de la deuda, 3.200 constituirían una emisión de bonos de privatización, y los 1.300 restantes se recomprarían en el mercado, al 20 por ciento de su valor nominal, con set asides del Fondo Monetario Internacional, es decir fondos separados para ese fin de cada desembolso del organismo. A partir del 19 de enero los pagos mensuales a la banca acreedora se incrementarían de 40 a 60 millones de dólares y los 1.500 millones de dólares en efectivo se pagarían en seis cuotas de 60 millones de dólares, otras seis de 80 millones, y un desembolso extra, que se discutía, de entre 500 y 700 millones de dólares.
Para hacer frente a ese plan, González Fraga había escondido 400 millones de dólares, calificándolos como indisponibles, en dos depósitos mensuales sucesivos de 200 millones cada uno en el banco de Ajustes Internacionales de Basilea. De ese modo no aparecerían en las estadísticas ni afectarían las reservas, que se estimaban en 2.800 millones de dólares, con las que el Banco pulseaba en el mercado cambiario.
La Argentina estaba apurada por cerrar este trato por razones inscriptas antes en la lógica de sus acreedores que en la del país. El mejor argumento de González Fraga ante norteamericanos y europeos era que esa negociación obligaría a seguirlo a Brasil, el país que más querían cuadrar los bancos. Además, en marzo los organismos reguladores del gobierno de Estados Unidos iban a poner en vigencia nuevas normas muy onerosas para los bancos de su país. Hasta diciembre contabilizaban en sus balances al 100 por ciento las acciones de las empresas adquiridas en la Argentina a cambio de papeles de la deuda externa, pero si se quedaban con esos títulos en su cartera no podían registrarlos por más del 40 por ciento de su valor nominal. A partir de marzo títulos y acciones deberían igualarse en los balances, ambos por debajo del 30 por ciento de su valor nominal. Esto afectaba a los bancos que habían participado en la fagocitación de ENTel y Aerolíneas Argentinas, cuyo valor disminuiría en los balances. Si González Fraga cerraba el trato antes de marzo los organismos reguladores norteamericanos podrían reconsiderar la valuación de las acciones de esas empresas en la contabilidad de los bancos, dándoles la posibilidad de mostrar ganancias en los balances. De otro modo se les desarmaba el negocio. Esta especulación retrata las desbravadas relaciones del país con el mundo, e induce a cuestionarse sobre la definición misma de prácticas corruptas.
La semana en que comenzó el escándalo Swift-Yoma la Argentina aumentó sus pagos por atrasos a los bancos acreedores, de menos de 500 a más de 700 millones de dólares anuales, pero sin el convenio general discutido por González Fraga, que en cambio los acreedores sí firmaron con Brasil luego de la sustitución Zelia Cardozo. Con el crédito puente concedido en 1984 para que el flamante gobierno democrático de Buenos Aires no incurriera en atrasos con sus acreedores, los gobiernos de Brasil, México, Venezuela y Colombia habían entregado a su víctima indefensa, de modo que no corriera mejor suerte que ellos. Alfonsín presentó esa perversidad como un gesto fraterno entre latinoamericanos y Menem devolvió la estocada a los hermanos brasileños.
En esos días se hizo evidente la preocupación del Departamento de Estado de Washington por las consecuencias políticas de la corrupción administrativa que, según sus voceros, se había extendido en forma peligrosa "en el último año”, por el "desarrollo de una mentalidad que parece tolerar estos hechos” y por el creciente parecido de la Argentina de Menem con "el Paraguay de Stroessner, donde era imposible dar un solo paso sin pagar una coima". El embajador Todman no se había apartado de la línea fijada por su cancillería. Al contrario expresaba decisiones centrales de su política exterior. Para el gobierno norteamericano la corrupción es uno de los principales problemas que afectan la cooperación de los países ricos con los del Tercer Mundo en programas de asistencia al desarrollo.
Las investigaciones académicas que fundamentan esa posición han llegado a identificar a la corrupción de funcionarios públicos como "uno de los tres o cuatro problemas más perniciosos que enfrentan los gobiernos del Tercer Mundo", y a enumerar sus principales consecuencias: deteriora la eficiencia al jerarquizar otros criterios de selección de contratistas y proveedores, propende a una distribución inequitativa de los escasos recursos públicos, transfiere ingresos de las arcas oficiales a manos privadas y genera desconfianza en los gobiernos, escepticismo y cinismo popular.
Los hombres de negocios de Estados Unidos, Europa y Japón consideran a la Argentina el peor país de América Latina en cuanto a la integridad moral de su burocracia, según una encuesta de Latin Finance-Euromoney.
Pero el señalamiento de la Argentina como un modelo de corrupción tenía por lo menos una década. En 1981 la Contaduría General (General Accounting Office) publicó un informe sobre el efecto para las empresas norteamericanas de la ley sobre prácticas corruptas en el exterior, promulgada en 1977 bajo el impacto del escándalo de Watergate y los casos de sobornos pagados en tres continentes por las empresas Lockheed, Northrop y Gulf Oil. La pena por el pago de sobornos a funcionarios para conseguir o conservar negocios en el exterior es de hasta cinco años de prisión y multas de 10.000 dólares para las personas y de un millón de dólares para las empresas. Mientras algunas empresas, como la propia Lockheed, se tornaron tan cuidadosas como para no pagar ni siquiera la cuenta del hotel de clientes invitados a hablar de negocios en su sede de California, otras buscaron nuevos métodos más difíciles de detectar. Uno de ellos consistió en asociarse con empresas no estadounidenses que hicieran el trabajo sucio. La legislación europea no reprime esas prácticas. Italia sancionó en 1980 una ley que las permitió, Francia nunca las persiguió, y la oficina federal alemana de Información sobre Comercio Exterior emitió un memorándum confidencial para advertir a las empresas que en negocios importantes debían estar dispuestas a pagar hasta el 20 por ciento en soborno de funcionarios extranjeros. Esos gastos pueden alcanzar muchos millones de dólares en grandes proyectos de ingeniería y construcciones, y son deducibles de impuestos como un costo más.
El 16 de marzo de 1981 la revista Time abrió su sección de Economía y Negocios con una nota sobre este tema en la que había una mención especial para la Argentina. Al describir el estilo de coimas en cada país, decía que aquí eran preferidos cuadros posimpresionistas de apreciadas galerías como Wildenstein o joyas que los funcionarios elegían para sus esposas en Ricciardi. Lo más impresionante era el cuadro de los Grandes Receptores de coimas que acompañaba la nota. La Argentina figuraba en primer lugar, con un 20 por ciento sobre los contratos, y la displicente observación: "Los diamantes son eternos".
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Para llegar a tal homogeneidad entre países de la región fue necesario recorrer un largo camino. El primer paso lo dieron en 1975 los planificadores del Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos al definir cómo deberían ser las que llamaron democracias viables en América Latina, en sustitución de las dictaduras que ya habían realizado el trabajo sucio y con las que Washington no deseaba identificarse. La percepción de este proceso fue oscurecida en la Argentina por la asincronía de su última dictadura, que comenzó cuando en los demás países de la región los militares tocaban retirada. Un memorándum de los especialistas del Departamento de Estado Frank Devine y Henry Schlaudeman reclamó asegurar una dirección política civil y estable a los gobiernos resultantes, a través de fuerzas políticas de clara definición anticomunista, que contaran con apoyo social e inserción en los sectores obreros, juveniles y campesinos, y preservar a las Fuerzas Armadas como control de la transición, mediante su repliegue institucional de las funciones políticas. Esto tampoco funcionó de inmediato en Buenos Aires, porque la dictadura no se retiró en orden sino a la desbandada después de la guerra de las Malvinas y sus jefes máximos fueron sentados en el banquillo de los reos. El memorándum recomendaba combinaciones específicas para cada país. Aquí no concebía nada mejor que una alianza entre el sector balbinista de la Unión Cívica Radical y la rama sindical del peronismo. Con adecuaciones periódicas a las nuevas realidades de cada momento, ese entendimiento bipartidario es la fórmula maestra de la política norteamericana para la Argentina.
El segundo paso fue imaginar para qué podría servir la deuda externa. El Banco Mundial trabajó desde 1985 en los planes de su canje por activos físicos, o capitalización de títulos, por necesidad de Estados Unidos. En la década del 80 hubo una reducción espectacular de la participación norteamericana en la inversión extranjera directa global: del 54 por ciento en el quinquenio 1976-1980 al 21 por ciento en el quinquenio 1981-1985. En ese quinquenio el 35 por ciento de la inversión directa extranjera global fue aportado por Alemania, el 30 ciento por Japón, el 21 por ciento por Estados Unidos y el 14 por Gran Bretaña.
Ese retroceso es mucho más evidente si se observan las cifras de la inversión directa extranjera en América Latina. En el quinquenio 1976-1980 el capital norteamericano era responsable por el 67 por ciento de los flujos de inversión, seguido por Japón con el 17 por ciento, Alemania con el 12 por ciento y Gran Bretaña con el 3 por ciento. Pero en el quinquenio siguiente, Japón pasó al primer lugar, con 50 por ciento de los flujos globales, seguido por Alemania con el 28 por ciento, Gran Bretaña con el 6 por ciento y Estados Unidos con apenas el 2 por ciento (si bien el stock acumulado de inversión norteamericana sigue siendo superior).
Debido a la reestructuración del capital en Estados Unidos, todos los recursos internos disponibles más los que se obtienen de los países superavitarios como Alemania y Japón y de los del Tercer Mundo se aplican a la modernización del anquilosado aparato productivo norteamericano. De modo que el trueque deuda-inversión constituye el principal arma económica de los Estados Unidos en su intento por recuperar la hegemonía internacional. Es una técnica financiera para aumentar a mínimo costo las inversiones extranjeras norteamericanas, pero de ninguna manera un incremento de la inversión extranjera en los países destinatarios.
En 1987 el ex secretario de Estado Henry Kissinger explicó que, además, la deuda podría emplearse como herramienta política, ya que lo importante en América Latina era determinar “qué queremos que sean esos países dentro de veinte años, no cómo pueden hacer para pagar los intereses el año próximo". Este fue el último invento genial de los planificadores de la política exterior norteamericana, la versión siglo veintiuno del canje de metales preciosos por abalorios o de materias primas baratas por manufacturas caras. En 1988 la propuesta fue desarrollada con más extensión en el Segundo Documento de Santa Fe, que académicos y militares conservadores elaboraron para George Bush durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia. Uno de ellos, Roger Fontaine, visitó la Argentina en 1990 en representación de la conservadora Hoover Institution on War, Revolution and Peace y fue acompañado a una audiencia con Menem por el asesor presidencial Arnaldo Martinenghi, a quien nadie se atrevería a presentar como un adalid en la batalla contra la corrupción.
Propietario de los Astilleros Alianza, de un haras, de un yate y de un avión Merlin que puso a disposición de Menem durante la campaña electoral, Martinenghi exportaba barcos a Polonia financiados por el Banco Central a una tasa tres veces menor a la de mercado. Créditos a su astillero por 50 millones de dólares para la construcción de un ferry fueron solicitados por Menem a las autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que constituyó para ello un club integrado también por el Banco Nación, el Banco Ciudad y el Banco Nacional de Desarrollo.
Para que el negocio cerrara el BCRA debió subsidiarlo compensando la tasa diferencial entre el préstamo que el Banco Provincia tomaba en el exterior y el que le daba a Martinenghi. Además, hasta que el decreto 435 los suspendió, también recibía reembolsos por la exportación. El secretario privado de Menem, Ramón Hernández, se interesó en su nombre ante el presidente del Banco Central por el expediente de Alianza. González Fraga dejó pasar los días y cuando Martinenghi reclamó, le dijo:
-Yo creía que el oficial de cuenta era el Presidente. Si no me llama no lo muevo.
El mismo esquema de siempre, con otros actores y otro resultado. El presidente del Banco Central tuvo más suerte que el ministro de Economía, o tal vez menos confianza con el Presidente. Esa vez, Carlos no llamó. Siempre se puede decir no.
El día de su renuncia, González Fraga se desahogó: "Yo aquí en el salón de al lado tuve a exportadores que me pedían financiamiento de 2.000 millones de dólares para continuar vendiendo. Yo terminé con ese financiamiento. Me pedían 2.000 millones de dólares a financiar al 8 por ciento y a mí me cuesta 25 por ciento. ¿Dónde está la ganancia para el país? ¿Qué me importaba que vinieran recomendados si tenía que convalidar esa pérdida? ¿El señor Martinenghi puede vender barcos a Polonia financiados por el Banco Central a ese 8 por ciento? Creo en la exportación. Pero creo en la exportación del eficiente, no del que los últimos cinco años descuidó el mercado interno y se hizo exportador por las ventajas cambiarias. Después de cada viaje venía el tema de los compromisos para exportar gasoductos o barcos con tasas de interés que yo nunca quise solventar. Hay que ser duros en general. Lo fuimos con Bridas de Bulgheroni. Se acabó la bicicleta de los bancos de Bridas. Y la del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Pero no es cuestión que después venga alguien y diga: 'A estos navieros exportadores sí, a Siemens sí'. No, así no puede ser".
El segundo Documento de Santa Fe, redactado por el acompañante de Martinenghi en la audiencia con Menem, decía con extraordinaria perspicacia: "Cuando estalló la crisis de la deuda en 1982, se puso el acento en mantener la solvencia de los acreedores y la liquidez de los deudores. Este objetivo se cumplió a duras penas. Pero se perdió la oportunidad de impulsar a las sociedades latinoamericanas hacia el capitalismo democrático, es decir, hacia sistemas de libre empresa y mercados nacionales de capital que sostienen a las sociedades independientes. Aún no es tarde para hacerlo".
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Una investigación reciente de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), coincide con la del semanario estadounidense, aunque debe aclararse que concluye antes de la asunción de Menem. Elaborada a partir de la Encuesta de Hogares del INDEC, describe a la perfección el recorrido degradante que el país ha hecho en los últimos tres lustros. En octubre de 1974, durante el gobierno de Juan e Isabel Perón, el 20 por ciento más rico percibía el 39,5 por ciento del ingreso y el 20 por ciento más pobre el 8,8 por ciento. En el primer año del dictador Jorge Videla la porción de los ricos había trepado al 42 y la de los pobres caído al 7,1 por ciento. Cuando los militares le dejaron el gobierno a Raúl Alfonsín en 1983, las proporciones eran 47,7/5,9, y antes que comenzara a soplar la hiperinflación que acabó con el gobierno radical habían llegado a 52,4/5,3. Para decirlo con la mayor sencillez, los más ricos ya son opulentos, y los más pobres, miserables. Menem, que ganó como reacción a este cuadro, y prometiendo el salariazo, se deslizó con entusiasmo por la misma pendiente e impulsado por los mismos socios que Videla y Alfonsín.
UN CONTADOR SIN VISIÓN POLÍTICA
El contador sin visión política, Erman González, se proponía cobrar una cuenta pendiente. Dromi le había dedicado esa frase despechada en una reunión a solas con los diputados y senadores de la comisión de Seguimiento del Desguace del Estado cuando supo que Menem firmaría un decreto que le quitaría el control de las empresas y de los fondos de Obras Públicas para asignárselos a Economía. De ahí en más Dromi sólo se encargaría de conducir la privatización de esas empresas.
Cuando sus palabras se hicieron públicas, siguió la pauta habitual en el gobierno menemista: las desmintió indignado, luego explicó que había sido malentendido, y formuló una denuncia a la Justicia por espionaje, según la ley 13.985, de Seguridad Nacional. La jueza Amelia Berraz inquirió al autor de la publicación cómo había llegado a su poder la cinta grabada, pero no le preguntó al ministro en qué consistiría la extorsión vomitiva que según Dromi practicaba Italia ni por qué la Argentina estaba a-ver-gon-za-da-men-te a-rro-di-lla-da ante sus acreedores externos, como había enfatizado. No fue casual que Dromi atribuyera una "cosmovisión fiscalista, de caja, que no entiende de transformaciones ni de alta política" a González, el ministro responsable de maximizar los ingresos y minimizar los egresos del Tesoro, una tarea que varias veces lo enfrentó con su colega de Obras Públicas.
González aceptó las excusas de Dromi pero la relación no se recompuso. En respuesta al decreto-ómnibus que lo privó del manejo económico de las empresas públicas, Dromi anunció la constitución de quince comisiones integradas por ciento diez funcionarios, empresarios y sindicalistas amigos que se encargarían de proponer las normas regulatorias de las empresas y servicios que se privatizarían o se entregarían en concesión durante 1991. Varias de ellas eran coordinadas por Mario Caserta, su cuñado Carlos Alberto Torres, Mario Guaragna y Mario Alarcia.
Recién luego de efectuar las designaciones, Dromi invitó a nombrar representantes al Ministerio de Economía y a la Comisión Bicameral. González acudió a Menem para protestar por ese método del hecho consumado que marginaba a su Ministerio. La batalla se enardecía.
La revista Gente como Uno había hecho estampar en el negocio de 3 y 104 de Villa Gesell una remera con la leyenda "I love privatizaciones", que Dromi se colocó gustoso para las fotos del reportaje. Además, un gorrito con la concha publicitaria de Shell cubría su rostro albugíneo enrojecido por el sol. Seguro de su impunidad, se vanaglorió en presencia de siete sorprendidos periodistas:
-Me quisieron embromar pero les salió al revés. Yo compré la tapa y tres páginas de Clarín para contestarles, el mismo día en que Página/12 iba a publicar la cinta. Le di una copia a Clarín, con lo que perdieron la primicia.
Si Clarín vendió su portada a Dromi es algo que tal vez sepan los responsables del grupo Magnetto. El resto de la historia no fue así. El segundo sábado de setiembre de 1990, Dromi recibió en su casa a los periodistas Sergio Ciancaglini y Eleonora Gosman, ante quienes negó la autenticidad de las palabras que se le atribuían, dijo, con el propósito de deteriorar su relación con el ministro de Economía e introducir una cuña que destruyera el programa del gobierno. Dromi desplegó un papel con el guión que pensaba seguir en la entrevista. Ciancaglini bajó la cabeza y miró hacia arriba:
-Yo lo escuché, ministro.
-¿Tiene la casette? -empalideció Dromi.
El periodista se golpeó el bolsillo de la camisa.
-Gracias. Entonces empecemos de nuevo -musitó Dromi. Luego rearticuló su discurso:
-Sí, estamos de rodillas -comenzó.
En la misma reunión del 1º de enero de 1991 en la residencia desierta de Olivos, (Erman) González fulminó a Moby Dick (Emir Yoma) y a Dromi & Asociados. La entrega en concesión de Gas del Estado, Obras Sanitarias y SEGBA no traería ingresos al Estado, el único modo que Dromi concebía de financiar el plan de obras era el cobro de peaje por rutas ya construidas, Vialidad Nacional estaba en rojo y el Fondo Unificado de Obras Públicas no cumplía la función prevista. Sus recursos no se destinaban a financiar los trabajos en grandes obras que no debían paralizarse, porque se desviaban al pago a contratistas del Estado, pese a los decretos que habían congelado la cancelación de esos créditos. El secretario de Hacienda, Saúl Bouer, recibía las solicitudes y consultaba esas excepciones con González. Detestaban a Dromi. El atraso cambiado se tornaba insostenible, la recaudación fiscal no alcanzaba los niveles previstos y así no era fácil reducir las erogaciones. Las presiones de la embajada norteamericana por la corrupción eran cada día más acuciosas, pero nada se podía hacer cuando tocaban a alguien cercano al Presidente, como El Gordito. "Visión de caja, para que ellos no la vacíen", rumiaba el equipo económico. Se sentían apresados en un clima moral pantanoso y no todos soportaban las reglas que imponía la Corona.
En vísperas de Navidad, Menem invitó a comer a González Fraga. "El Presidente quiere que vayas con la Gra", le anunció el secretario privado Ramón Hernández. Cuando llegó con la actriz Graciela Borges, se encontró con María Julia Alsogaray. Fueron todos a pasar la Navidad a un sitio asombroso para esa farándula, el Regimiento de Granaderos a Caballo. El divorciado Menem, que ni siquiera podía ver a sus hijos, creía que el presidente del Banco Central debía estar siempre disponible ante sus llamados, pero González Fraga tenía otra idea. Había cada vez más arena en los engranajes de esa relación, signada por la incompatibilidad de caracteres.
Mientras iban hacia Granaderos, María Julia Alsogaray dijo que le parecía escandaloso que el hombre que no podía explicar el manejo de los guardapolvos fuera a liquidar ENTel y manejar entre mil y dos mil millones de dólares. Una vez entregadas las dos zonas de ENTel a Telecom y Telefónica, restaban la venta de la parte de las acciones en poder del Estado y, sobre todo, las cobranzas y los pagos, en los que estaba interesado Blas Medina, el asesor del Hermano Eduardo y de Dromi, el amigo íntimo de Menem, de Emir Yoma, de Miguel Angel Vico y por ende de María Julia Alsogaray.
Ya estaba a la firma de Menem el decreto por el que se designaba a Bauzá, Dromi y González en la comisión liquidadora. Al día siguiente, Menem intercedió por la ingeniera Alsogaray:
-No la dejen afuera a María Julia, que hizo todo.
González Fraga cuchicheó al oído del ministro de Economía:
-En vez de Dromi y Bauzá, hacé que pongan a Saúl Bouer y María Julia.
Erman González repitió la propuesta en voz alta. Menem dijo:
-Eso lo firmo ya.
Más tarde, González bromeó con González Fraga:
-Te vas a arrepentir toda la vida de ponerte así de punta a Bauzá y Dromi.
También había tenido un feo encontronazo con Bouer. Ante cuestionamientos a la política monetaria y el tipo de cambio, Javier González Fraga replicó que el problema era la insuficiente recaudación fiscal. González Fraga sabía siempre todo de todo. A Solá le explicaba cuánto implicaría suprimir las retenciones a las exportaciones agropecuarias, a Pereyra de Olazábal cómo funcionarían los nuevos aranceles de importación, a Bouer el producido de cada impuesto. Esto generaba admiración, recelos y cortocircuitos. Por esos días se le atribuyó haber escrito una carta a Menem con objeciones a la labor de Bouer, pero Erman González sabía que no era cierto, porque Bouer, que era el verdadero destinatario, se la había mostrado. La carta, del 7 de diciembre, vaticinaba: "Volcamos a fin de año". Bouer quería aumentar el precio del gasoil para mejorar la recaudación. La gente del campo nos mata. Aumenten más la nafta pero bajen el gas-oil, respondió González Fraga.
Solá asintió. ¿Quién es el ministro aquí?, se enconó Bouer. Erman González era neutral. Prefería que no chocasen entre ellos y reservasen todo su ímpetu para otra faena.
El Día de los Santos Inocentes Menem firmó el indulto, que llevó fecha 29 de diciembre. Después se fue a cumplir horas de vuelo a un glaciar de la Patagonia, y regresó a la Capital sonriente y con los pulgares en alto como si hubiera algo que celebrar. Al día siguiente de recuperar la libertad, Jorge Videla rompió el acuerdo que los jefes de Estado Mayor habían celebrado con el gobierno, declaró injusta su condena y recabó un desagravio institucional al Ejército. Palabras más o menos, era el discurso invariable que habían entonado todos los comandantes en jefe y jefes de Estado Mayor del Ejército en los últimos quince años, sin una sola excepción.
Antes que Videla solicitara la reivindicación de los métodos tenebrosos aplicados por sus órdenes, Menem la había incluido en los considerandos del decreto de indulto. Además de autoelogiar su presunta "decisión de alta política", propugnó humildad para el reconocimiento de errores propios y lo que llamó "aciertos del adversario". En el perdón a Carlos Suárez Mason aludió a "las desviaciones, errores y excesos incurridos por los protagonistas históricos de las etapas cruentas y dolorosas de la vida argentina que urge cerrar, impugnados ante tribunales de justicia, así como también los desaciertos de las clases dirigentes del momento, frente al utopismo terrorista y subversivo". Las culpas se diluyeron, las condenas se redujeron a impugnaciones, los crímenes volvieron a ser errores y excesos, que debían ponderarse con los simultáneos aciertos y equivocaciones de los demás, resucitó la teoría de los dos demonios, que desde hace una década preserva la buena conciencia de la clase política, y le permite abrir la boca azorada como si los años de plomo los hubiera vivido en Babia y no en la Argentina. En un platillo, las fuerzas irregulares que tomaron las armas corriendo todos los peligros luego de quince años de proscripciones políticas y violencia contra el pueblo, en procura de un proyecto de transformación social acunadas por las gigantescas convulsiones que cruzaron todo el mapa geográfico y social de la Argentina. En el otro, en perfecto equilibrio, los jefes del Estado Terrorista, que concentraron todos los poderes en sus manos para secuestrar, torturar y asesinar en infracción a sus propias leyes, sin arriesgar otra cosa que la salvación de sus almas, y como vía para imponer la regresión económica y social que desde 1983 degrada y limita la experiencia democrática que le sucedió. Entre el indulto y la continuación, por otros medios y en otra etapa, del modelo económico-social que la dictadura implantó, de concentración/marginalidad, de enriquecimiento/exclusión, había una coherencia impecable. Videla, Massera & Cía. no querían indulgencia sino alabanzas. Con toda razón. Ellos son los Padres Refundadores que devolvieron a la sociedad argentina a los años previos al 17 de octubre de 1945.
Aun cuando quisieran creer en la conveniencia y en la posibilidad de acabar de un plumazo con los resabios de un conflicto desgarrador y que había tenido en ascuas al gobierno anterior, para los integrantes de un movimiento que durante tres décadas se templó en la resistencia contra dictaduras fusiladoras el indulto fue un impacto tremendo. Todo el país se estremeció, y pese al sol del verano y la ausencia de una convocatoria orgánica, decenas de miles de personas arrestaron su indignación por los canteros de la Plaza de Mayo. Ellos eran los más decididos, pero no los únicos. Como en 1989, todos los sondeos sociológicos decían que 7 de cada 10 estaban en contra. Menem declaró su repugnancia por el "salvajismo" de los manifestantes y anunció que ordenaría encausarlos por pintar la Pirámide.
Mientras los delitos más graves cometidos en el país en este siglo se transmutaban en cuestiones opinables y relativas, la respuesta asombrosamente pacífica al atropello ofensivo era expuesta como un delito.
Fue demasiado, aun para los funcionarios más próximos al Presidente, como el Hermano Eduardo, que hizo todo lo posible por disuadirlo, y el ministro de Economía, el democristiano González, quien pretendía que Menem le explicara cuál era la necesidad de hacerlo, porque él no la veía. Además estaba furioso con el Presidente porque para distraer la atención del indulto le había ordenado que convocara a una conferencia de prensa y anunciara nuevas medidas económicas.
Contra su habitual discreción, contrarió el discurso oficial que procuraba minimizar las reacciones contrarias al indulto, y en un almuerzo con Mirtha Legrand en televisión dijo que el gobierno estaba preocupado por el alto número de asistentes a la marcha de repudio. Se sentía traicionado y dolorido.
…
El martes 1º de enero Menem rechazó la renuncia de González. El miércoles 2, el ministro invitó a comer al restaurante Pedemonte a todo el gabinete económico.
Contó algunos de los episodios recientes, instó a González Fraga y Bouer a dar por superado el incidente, invitó a que cada uno se franqueara con los demás. Como los mozos y los parroquianos estaban pendientes de la conversación, Erman González propuso continuar en su casa. Hacia allí fueron. La conversación recaía una y otra vez en la minicarpa y en Dromi & Asociados, el enemigo común. La guerra no tenía cuartel.
Alguien habló de cansancio moral. Pero aquello que los sofocaba, ¿sería posible sin la aquiescencia o la participación de Menem? Los telefonazos ordenando descongelar pagos eran suyos, Emir era suyo, Medina era suyo, Martinenghi era suyo, Rattazzi era suyo, Santilli era suyo. El había autorizado a Dromi a constituir las comisiones. Manzano robaba para la Corona. Trataron de darse ánimo.
Erman estaba sombrío, pero también había algunos locuaces:
-Tenemos que estar más unidos que nunca entre nosotros.
-No podemos seguir haciendo concesiones.
-Nos quedamos si es para romperle el culo a Dromi.
-De otro modo nos vamos.
-Estamos dispuestos a correr esos riesgos.
-Vamos a pelear.
Eso dijeron. Pero todos sentían que algo se había roto. Terminaron muy tarde en la madrugada. Al día siguiente uno de ellos habló. El primer sorprendido fue el embajador de los Estados Unidos.
IDEA | 39º Coloquio Anual | Expositores
1 comentarios:
En algún rincón de mi biblioteca tengo durmiendo Robo para la corona: abrumada por tanta información y asqueada por la misma, opté por dejarlo sin concluir...
Leer este significativo capítulo revivió las mismas sensaciones. Creo que sería saludable realizar una síntesis, causa esquiva al prolífico Horacio.
Habría que releerlo por partes, según las circunstancias lo impongan. Como en este caso.
Gracias Adán.
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